Bonos de carbono a la bolsa... de valores. El sector agrícola al sector servicios
Por Anahit Aharonian, Carlos Céspedes, Claudia Piccini y Gustavo Piñeiro
La cantidad global de C orgánico del suelo ha sido estimada en más del doble del C atmosférico y tres veces la cantidad de la reserva biótica de la materia viviente. O sea que es lo suficientemente grande, como para que una variación en su reserva -aún ligera- pueda alterar significativamente las concentraciones de CO2 en la atmósfera. En cambio, los actuales intentos por hacer de los suelos un “sumidero de C”, corren el riesgo de transformarlos en una “fuente de C”, contribuyendo aún más al “efecto invernadero”.
Los temas vinculados al cambio climático, el Protocolo de Kyoto, los “sumideros de carbono” y los “bonos verdes” o de “carbono” (C) parecerían ir ganando espacio entre políticos y comunicadores. El repentino interés despertado por estos temas, es quizás lo que justifique la parcialidad con que los mismos, por lo general, son tratados. El 6 de noviembre pasado, Brecha se refería al emprendimiento forestal que la empresa sudcoreana Posco-Uruguay, realizaría en Cerro Largo. Su propósito principal sería el de “remover” dióxido de carbono atmosférico (CO2), en el marco de los “mecanismos de desarrollo limpio” (MDL; Art. 12) del Protocolo de Kyoto. La nota de Brecha cierra convocando a las autoridades: “Ahora corresponde a la DINAMA dirimir si la propuesta coreana cumple con los requisitos ambientales pautados”. Lo que seguramente desconoce el periodista -al igual que quienes toman decisiones y muchos tecnócratas- es que precisamente la DINAMA, a través de su Unidad de Cambio Climático (UCC) ha sido la intérprete local de dicho Protocolo y por ende, responsable intelectual del “Uruguay, país sumidero”.
Condescendiente con los reclamos internacionales, la UCC elaboró el (denominado) “Balance nacional de gases de efecto invernadero 2002” (Proyecto URU/05/G32), que comprende los años 1990, 1998 y 2002, pero recién fue publicado en noviembre 2006.
A lo largo de su Informe, la UCC provee algunos datos y cifras providenciales (seguramente, Century[2] mediante), así como también, ciertas afirmaciones, política y económicamente riesgosas para el futuro del país. Por ejemplo: “…las emisiones totales nacionales (de gases, entre 1990 y 2002) (…) sufrieron una disminución de casi el 79 por ciento, debido principalmente a la gran absorción de CO2 por parte de la biomasa leñosa (léase, cultivos de eucalyptos) y los suelos.” Según la UCC, a partir del segundo balance nacional (1994), Uruguay deja de ser un país emisor de CO2, para convertirse en “país sumidero”. Este verdadero “milagro” ocurrido entre los balances de 1990 y 1994, coincide precisamente con el lanzamiento del Plan Nacional Forestal (1991).
A lo largo del Informe de la UCC, surgen varios cuestionamientos; pero dos en particular resumen al resto. El primero es el referido a la “biomasa leñosa”. Como es de conocimiento público, el Plan Forestal se tradujo finalmente en la promoción de cultivos de eucaliptos para la producción de pulpa de celulosa. Esto determina que el manejo de la plantación ronde en los 6-8 años, momento en que es cortada. Es decir, no son plantaciones de robles o ébano que alcanzan las varias décadas, por lo que el tiempo que reside el C en esta “biomasa leñosa” de eucalipto, es de muy escasa significación en el balance global de CO2 atmosférico.
El segundo cuestionamiento es: ¿en qué fuente científica se basó el Balance para sostener que un suelo de pradera templada captura CO2 (o C), cuando éste es forestado y además, con especies exóticas y de rápido crecimiento? Seguramente la respuesta será el IPCC[3], el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Esta institución, a pesar de que no realiza investigaciones, es la que establece las pautas de juego, con base en una revisión y selección parcial de literatura científica.
Para comprender el porqué de este segundo cuestionamiento, quizás ni sea necesario contar con datos científicos, sino con simple sentido común. Un suelo natural de pradera es el producto de miles de años de co-evolución entre el clima, la vegetación herbácea y el material geológico. El equilibrio entre estos tres factores es lo que finalmente determina la capacidad del suelo de contener C. De modo que es esperable que al cambiar uno de estos factores, se tenderá un nuevo equilibrio bajo la nueva cobertura vegetal. Así, cuando la vegetación natural de pradera es reemplazada por un cultivo de árboles, este equilibrio se pierde y con él parte del C original; pero fundamentalmente, se pierden las condiciones que favorecieron por entonces su ingreso y acumulación en el suelo.
Para sólo tener una idea, la cantidad global de C orgánico del suelo ha sido estimada en más del doble del C atmosférico y tres veces la cantidad de la reserva biótica de la materia viviente. O sea que es lo suficientemente grande, como para que una variación en su reserva -aún ligera- pueda alterar significativamente las concentraciones de CO2 en la atmósfera. En cambio, los actuales intentos por hacer de los suelos un “sumidero de C”, corren el riesgo de transformarlos en una “fuente de C”, contribuyendo aún más al “efecto invernadero”.
Investigaciones realizadas en Uruguay, en cultivos de eucaliptos en la zona de Piedras Coloradas-Algorta -en el límite entre Paysandú y Rio Negro- indican que, a pesar de la pérdida de C nativo acumulado por la pradera, el aporte efectivo de C por estos cultivos no alcanza a superar la cantidad de C nativo que aún persiste de la antigua pradera. Esto ha sido posible de determinar mediante la diferencia que existe en el metabolismo fotosintético de los eucaliptos (especie C3) y la vegetación de pradera analizada (especies C4). Así, en el total de CO2 fijado durante la fotosíntesis, eucaliptos y pradera discriminan al isótopo estable (13 CO2) en proporciones diferentes. Esto es lo que permite determinar a ciencia cierta, el verdadero origen del C en el contenido total de materia orgánica encontrado en un suelo de pradera forestado con eucaliptos.
Detrás del MDL (o Cleaning House), en realidad lo que hay es un cambio en la concepción del uso de la tierra. De ahora en más, tanto el suelo como la cobertura vegetal, deben también ser concebidos como “sumideros” de C. Como consecuencia, los sistemas de producción agrícola han de pasar ahora a integrar parte de un nuevo mercado: el de ventas de “servicios ambientales”.
¿Cómo es posible promover y sostener un cambio de esta naturaleza? La respuesta es el mercado, el mercado rentable y creciente de “bonos de C”. Este es el nombre dado a un conjunto de instrumentos que pueden generarse por diversas actividades económicas y que supuestamente contribuyen a la reducción de emisiones. Hay varios tipos de bonos de carbono según cómo son negociados:
1) certificados de reducción de emisiones (CER); 2) montos asignados anualmente (AAU); 3) unidades de reducción de emisiones (ERU); y 4) unidades de remoción de emisiones (RMU).
No obstante, algunas dificultades de índole política y jurídica, y aún de carácter práctico, enlentecieron la rápida consolidación del mercado de C promovido por el MDL. Esto se constituyó en el aliciente principal para que las bolsas de valores de varios países -incluyendo las de la región (por ejemplo Bolivia y Argentina)- intervinieran activamente para consolidar por la vía de los hechos este nuevo mercado de grandes inversiones. Como contraofensiva, las sedes regionales de bancos internacionales establecieron líneas de créditos especiales para el financiamiento de la compra-venta de bonos de carbono (por ejemplo, el Banco Santander en Chile, Brasil y México). También el Banco Mundial, que ha destinado importantes esfuerzos para el desarrollo del mercado del carbono. Uno de éstos ha sido la puesta en marcha del Fondo Prototipo del Carbono (PCF, por sus siglas en inglés) con el fin de demostrar la manera de obtener reducciones eficaces de gases de efecto invernadero. Otros son el Fondo del Carbono para el Desarrollo Comunitario (FCDC) y el Fondo del Biocarbono (BioCF) que se promueven en las comunidades pobres de países en desarrollo para beneficiarse del financiamiento a efectos del supuesto desarrollo.
Quedan pendientes diversos asuntos concernientes a nuestro modelo productivo así como al modelo discursivo. Más aún cuando hay una apropiación de términos para vaciarlos de contenido y aparentar un lenguaje común. El paradigma desarrollista –apoyado en un discutible indicador como el PBI- avanza velozmente a pesar de los cuestionamientos. Sin espacios de debate real los países dependientes han asumido pasivamente los costos de la contaminación de aquellos países que no sólo no frenarán, sino que seguramente aumentarán[4] sus emisiones de CO2. Quienes pueden aún revertir esto tienen la palabra.
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Anahit Aharonian, Carlos Céspedes, Claudia Piccini y Gustavo Piñeiro - Publicado en Semanario Brecha
Referencias:
[1] Comisión Multisectorial
[2] Century, al igual que RothC, son dos de los modelos más usados para simular la dinámica del C. Para calibrar cualquiera de estos modelos, se requiere una base de datos, en cantidad y calidad, poco usual en los países en desarrollo.
[3] Por su sigla en inglés, Intergovernmental Panel on Climate Change
[4] Naomi Klein en: www.jornada.unam.mx/2009/11/08/index.php?section=opinion&article=022a1mun
