viernes, 31 de julio de 2009

Nueve dólares para defensa, un dólar para cambio climático









Autor: pnuma.org





El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, propuso dedicar un dólar a la lucha contra el cambio climático por cada nueve destinados a defensa en 2010, según el estudio divulgado este martes por el Instituto de Estudios Políticos.


El actual gobierno le da más importancia al cambio climático que el de George W. Bush (2001-2009), cuando la proporción fue de un dólar para el cambio climático por cada 88 para defensa, según el informe "Military vs. Climate Security: Mapping the Shift from the Bush Years to the Obama Era" ("Defensa versus seguridad climática: De los años de Bush a la era de Obama"). 

El presidente estadounidense considera que el cambio climático representa una grave amenaza para la seguridad nacional e internacional. Pero le será difícil sostener la asignación de recursos para luchar contra ese problema ambiental porque la mayor parte del presupuesto está incluida en la Ley de Recuperación y Reinversión Estadounidense, aprobada en febrero de este año. 

De hecho, 68.000 millones de los casi 79.000 millones de dólares destinados a combatir el cambio climático ya están en el paquete de estímulo, una asignación única para impulsar la economía tras la crisis financiera desatada en septiembre de 2008, señala el estudio. 

El presupuesto básico para lidiar con el fenómeno ambiental en 2010 ascenderá a 10.600 millones de dólares, una cantidad ínfima respecto del asignado al Pentágono, 534.000 millones de dólares. 

Además, el presupuesto del Pentágono no contempla a las actuales guerras de Afganistán e Iraq, cuyo gasto se estima que superará los más de 150.000 millones de dólares. 

"Obama consideró al cambio climático ‘el desafío de nuestro tiempo’ y comenzó a destinar fondos para sustentar su retórica", indicó Miriam Pemberton, autora del informe del Instituto de Estudios Políticos, con sede en Washington. 

"Pero va a ser difícil mantener los fondos para hacer frente al desafío ambiental por el déficit presupuestal en el que estamos inmersos", apuntó. 

"Una forma importante de conseguir el dinero es reducir el gasto en insumos bélicos que no necesitamos para que la inversión en seguridad pueda ajustarse a la magnitud relativa de las amenazas que tenemos por delante", añadió Pemberton. 

El gobierno de Obama debe hacer lo imposible por incorporar a los próximos presupuestos básicos los recursos necesarios a la lucha contra el cambio climático, como los previstos en el paquete de estímulo, a fin de poder afrontar los desafíos que supone ese fenómeno, señala el documento de 65 páginas, el último de varios estudios realizados por el Instituto de Estudios Políticos en los últimos siete años.

Consecuencias
Las consecuencias del cambio climático preocupan a diversos sectores de este país. Hace dos años, varios generales y almirantes retirados realizaron el informe "National Security and the Threat of Climate Change" ("Seguridad nacional y la amenaza del cambio climático"). 

El estudio concluyó que las consecuencias del recalentamiento global van a originar conflictos internacionales por recursos vitales como el agua dulce, habrá disturbios y aparecerán comportamientos extremistas en los países, además de escasez de alimentos y migraciones masivas. 

"El cambio climático multiplica los riesgos de inestabilidad en la mayoría de las regiones conflictivas", señala el informe castrense. 

Dos grupos de estudio, el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS, por sus siglas en inglés) y el Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense (CNAS), divulgaron meses después "The Age of Consequences" ("La era de las consecuencias"), de 119 páginas. 

El aumento de la temperatura y la elevación del nivel del mar causado por el recalentamiento planetario originarán migraciones masivas de "quizá miles de millones de personas" el próximo siglo si se cumplen algunos de los peores pronósticos científicos. 

"El recalentamiento global puede desestabilizar al mundo", señaló el entonces presidente del CNAS, Kurt Campbell. 

"Creo que ése será el asunto clave de nuestra época", remarcó el actual secretario de Estado adjunto para Asuntos de Asia Pacífico. 

También el Consejo Nacional de Inteligencia divulgó poco después un informe especial en el que coincidió con el funesto análisis y concluyó que el cambio climático puede tener "graves consecuencias para la seguridad nacional" y "poner en riesgo la estabilidad interna de algunos países así como causar conflictos internos y, menos probable, entre estados, en especial por la mayor escasez de agua". 

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado organizó su primera sesión sobre cambio climático y seguridad global la semana pasada. El senador del opositor Partido Republicano, Richard Lugar, advirtió de los efectos nefastos de no atender el problema. 

"Las consecuencias del cambio climático incluyen mayor riesgo de sequías, hambrunas, enfermedades y migraciones masivas, todos posibles disparadores de conflictos", señaló. 

"A fin de preparar a nuestras fuerzas militares para las futuras amenazas, debemos comprender la forma en que el cambio climático se convierte en una fuente de inestabilidad y origina una guerra", añadió Lugar. 

El informe divulgado este martes por el Instituto de Estudios Políticos elogia a Obama por comprender la importancia del cambio climático y acortar la brecha entre el presupuesto militar y el ambiental.

Diferencias
La diferencia de 88 dólares para defensa por cada dólar destinado a la lucha contra el cambio climático, característica del gobierno de Bush, se pudo reducir a nueve por cada uno gracias al fondo adicional del paquete de estímulo. De no existir ese dinero, la proporción hubiera sido de 65 a uno. 

"Si esa partida única no se integra al presupuesto de base", la brecha volverá a profundizarse, recuerda el informe. 

Actualmente no hay un presupuesto básico para luchar contra el cambio climático, en especial porque el dinero está repartido en distintos ministerios, desde el Departamento de Estado (cancillería) hasta el de Transporte. 

En 2010, Obama destinará 10.600 millones de dólares a la lucha contra el cambio climático, concluye el informe. 

La brecha entre ambos presupuestos se reduce de forma significativa cuando se tiene en cuenta la asignación incluida en el paquete de estímulo. 

Pero el gobierno invierte 20 veces más en investigación y desarrollo en tecnología militar que en fuentes de energía limpia. 

El presupuesto de 2010 disminuye muy poco la brecha entre el gasto militar y el ambiental, pero si se consideran los 17.300 millones de dólares adicionales del paquete de estímulo para investigación y desarrollo en energía limpia, la diferencia entre el gasto de defensa y el climático pasa a ser de cuatro dólares por cada uno. 

En 2008, Washington destinó 50 veces más recursos en dar armas a varios países que en asistir a los pobres en cuestiones de energías limpias y en sus programas de ayuda extranjera. 

Obama propuso multiplicar por más de tres el fondo de ayuda extranjera en 2010 a fin de elevarlo a 717 millones de dólares, respecto de los 212 millones actuales. 

La brecha entre gasto militar y climático se redujo de forma significativa, pero como el gobierno destinó casi 2.000 millones de dólares adicionales a programas de asistencia militar en el paquete de estímulo, socavó los esfuerzos que había hecho por corregir el desequilibrio. 

Invertir en la lucha contra el cambio climático genera más puestos de trabajo que la industria bélica. Además, los ejércitos dependen de fondos públicos, en tanto las iniciativas ambientales fomentan la participación del sector privado. 

Por último, invertir más en programas verdes que en defensa no necesariamente implica la pérdida de fuentes de trabajo en el sector de armamento porque la alta tecnología desarrollada en la industria militar puede transferirse fácilmente a iniciativas ambientales, según el informe.

Fuente: IPS

SIGUEN LOS ESCANDALOS EN CNEA







PRETENDEN UNA TERCERA CENTRAL NUCLEAR SIN CONSULTA PÚBLICA PERO OCULTANDO LOS RESIDUOS RADIACTIVOS SIN TRATAR QUE DEJARON SUS ACTIVIDADES EN TODO EL PAÍS

LA RENACE PRESENTÓ PÚBLICAMENTE SU DOCUMENTO DE 14 PUNTOS.
 
El desarrollo de la generación nucleoeléctrica produce en todo su ciclo un riesgo que excede las posibilidades de protección y guarda.  A esto debe agregarse el empecinamiento oficial en prolongar la vida útil de las centrales nucleares de potencia sin consultar a la población circundante expuesta al colapso y desatendiendo la obsolescencia de las instalaciones.

El Estado, a través de sus distintas administraciones, no ha tratado los residuos radiactivos de sus minas de uranio ni de sus múltiples instalaciones nucleares, y sospechosamente nunca condujo estudios epidemiológicos en sus cercanías. Centro Atómico Constituyentes (escenario del primer accidente nuclear con una víctima fatal y personas contaminadas). Centro Atómico Ezeiza (contaminación con uranio y plutonio). Malargüe, Sierra Pintada, Los Gigantes y otros emplazamientos donde se explotaron minas de uranio (cuyos residuos siguen contaminado el aire, el agua y el suelo). Alta Córdoba (donde se acumulan más de 36.000 toneladas de residuos radiactivos de baja actividad, derivados del uranio, en uno de los barrios más densamente poblados de la ciudad) son sólo algunos ejemplos.

El Estado, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima engañan a la población con un cálculo de costos del kilovatio hora que excluye deliberadamente el costo desmesurado de controles, saneamiento, remediación y depósito final por miles de años, que no está en condiciones de  ejecutar.
 
Los argentinos debemos, además, plantearnos: ¿Energía para qué? ¿Energía para quién? ¿Se proponen las centrales nucleares como oferta de energía para alimentar un modelo desarrollista que agota los ecosistemas? ¿Necesitamos asumir semejantes riesgos y consecuencias nefastas para alimentar a las corporaciones mineras  extranjeras, las mayores consumidoras de energía del país?
 
 
1. PELIGRO LATENTE EN EL DISEÑO DE ATUCHA II Y EN LA EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LAS CENTRALES NUCLEARES
 
Un estudio de la Autoridad Regulatoria Nuclear advierte que Atucha II tiene dificultades de diseño en materia de seguridad, ya que no asume la experiencia dejada por el accidente de Chernobyl en 1986. El diseño de la central es anterior al accidente, y nadie se hace cargo de reformar el proyecto. Hacerlo superaría el presupuesto de US$ 700 millones.

La ARN es el organismo que controla la actividad nuclear y cuyos dictámenes deberían privilegiar la seguridad, pero el memorando del 11 de abril de 2007 permaneció oculto mucho tiempo. Es que quienes integran la Autoridad Regulatoria Nuclear proceden de CNEA, con lo cual queda desvirtuada su independencia. De convalidarse la continuidad del proyecto Atucha II sin tener en cuenta ésas y otras advertencias, y la ausencia de un estudio público de impacto ambiental, equivale a poner en riesgo todas las ciudades localizadas alrededor de Lima -incluida Buenos Aires- y la zona centro del país. Llevar adelante una obra diseñada en la década de 1970 que comenzó a construirse en la década de 1980, todo ello sin auditorías externas y sin participación ciudadana, sólo puede ocurrir en una republiqueta sojera como Argentina. No en un país serio.

Tras décadas de construcción interrumpida la administración Kirchner reflotó la tecnología obsoleta de Atucha II en un lugar donde ya existe un reactor nuclear peligroso por su edad y su pésimo mantenimiento. La voluntad popular y las necesarias consultas públicas han sido reemplazadas por el autoritarismo burocrático de Julio de Vido. Un accidente nuclear grado 7 en la escala INES sería una tragedia ambiental y un colapso para todas las actividades económicas de varias provincias. No obstante, el gobierno K se empecina en terminar Atucha II y hasta indaga una tercera central nuclear en ese mismo sitio. Sospechosamente, la mayor oferta eléctrica que creen aumentar con las centrales nucleares solo beneficiaría a los grandes consumidores de corporaciones transnacionales, en especial las mineras. Sin audiencias públicas, con secretos y grandes contratos para empresas constructoras y energía subsidiada que consumirán las corporaciones mineras se construye la peor estafa y el mayor riesgo ambiental que jamás tuvo Argentina.

En Córdoba, sin ningún tipo de consulta previa y repitiendo metodologías de los gobiernos de facto –al amparo de los cuales surgió el programa nuclear de Argentina- se decidió la extensión de la vida útil de Embalse por otros 25 años. Una central insegura y obsoleta provista con reactor Candu de origen canadiense, que ha sufrido accidentes graves, que ha tenido numerosas pérdida de agua pesada contaminada radiactivamente y que descarga importantes cantidades de tritio radiactivo al aire y al agua extenderá ahora sus problemas –pero con mayor riesgo de accidente- por más de dos décadas.  
 RENACE recordó que conforme al Artículo 11 de la Ley Nacional 24804/1997, todo nuevo emplazamiento de una instalación nuclear relevante deberá contar con la autorización de la Autoridad Regulatoria Nuclear y de la provincia donde se ubique la instalación.   

 
2. SE NOS OCULTAN LOS RIESGOS PARA LA SALUD DE VIVIR CERCA DE INSTALACIONES NUCLEARES Y DELIBERADAMENTE NO SE HACEN ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS EN ARGENTINA. LA CONSIGNA ES: SI ALGUIEN ESTÁ AFECTADO, QUE NO SE SEPA.
 
La Universidad de Maguncia en Alemania realizó un estudio sobre niños que viven cerca de las plantas nucleares, y demostró con datos estadísticamente significativos que corren mayor riesgo de padecer leucemia. El mayor riesgo se observó dentro de la franja de 5 kilómetros alrededor de las centrales.

La Agencia Federal de Protección contra las Radiaciones de Alemania había encargado este trabajo para evaluar la población infantil que vive en las cercanías de 16 centrales nucleares. Los resultados fueron terminantes: los casos observados duplican la media nacional. Para concretar el estudio se analizaron los expedientes médicos del Registro sobre el Cáncer Infantil en Alemania correspondientes al período 1980-2003 y para menores de cinco años de edad. Mientras más cerca crecieron los niños de un reactor nuclear, mayor fue el riesgo de que contrajeran leucemia.

En el año 2003 Joseph Mangano y su equipo de trabajo demostraron para niños menores a 10 años que viven dentro de los 48 kilómetros de distancia de 14 centrales nucleares en el Este de Estados Unidos que la incidencia de cáncer infantil supera en un 12,4% el promedio nacional. Sugirieron que 1 de cada 9 casos de cáncer registrados en niños que viven cerca de las centrales nucleares está ligado a emisiones radiactivas.

En Alemania y Estados Unidos el debate prosigue pero en Argentina tanto el gobierno Nacional como los gobiernos provinciales miran para otro lado y no hacen estudios epidemiológicos alrededor de Atucha I, Embalse y los numerosos depósitos de residuos radiactivos. En Argentina se aplica la estrategia de Julio de Vido: decidir sin medir y sin consultar, y sobre todo, sin informar.

Cada vez son más los países que abandonan la energía nucleoeléctrica. En Estados Unidos hace más de treinta años que no se pide una nueva licencia para la construcción de estas instalaciones. La decisión -seamos justos- no fue respondiendo a razones ambientales sino a los costos de los estudios previos y la construcción, notablemente más costosos después del accidente de Chernobyl, y por la imposibilidad de dar destino final a los residuos radiactivos.

En Ezeiza, CNEA desestima negligentemente la contaminación de las aguas subterráneas con uranio e incluso con radioisótopos como el plutonio 239 que tienen su epicentro en el Centro Atómico Ezeiza. CNEA sigue ignorando el riesgo que representa la contaminación por uranio pese a que numerosos estudios, incluidos aquellos realizados por el propio gobierno, confirmaron esa presencia. CNEA sigue ignorando y engañando a la población pues de acuerdo a uno de los sistemas de referencia en materia de radioactividad y salud, BEIR VIII, consideró que no hay ningún valor de radiación ionizante que sea seguro.

En el año 2005 el gobierno de la provincia de Buenos Aires reconoció en un informe confidencial que de 57 análisis de agua enviados a los Estados Unidos para ser analizados por la EPA (Agencia de Protección Ambiental) diez muestras excedían el valor de 20 microgramos de uranio por litro, con un valor máximo de 34,5 microgramos por litro. Entre los sitios contaminados con uranio se encuentran, según el informe, la Escuela n° 12 y Jardín de Infantes n° 919 de barrio El Pinar, domicilios particulares de Barrio La Celia en Ezeiza y de Esteban Echeverría, Villa Deportiva Municipal del Sindicato de Empleados de Comercio, Escuela Penitenciaria Federal, y un pozo de agua subterránea del que se abastece Aguas Argentinas en calle Roque Saénz Peña y Bogado, en Ezeiza.

Ese informe confidencial firmado por nueve altos funcionarios provinciales dice textualmente: "Si bien estos valores de acuerdo a la bibliografía internacional superan los máximos recomendados, no presuponen una afectación inminente de la salud de la población, aunque con un criterio precautorio se recomienda (...) evaluar la necesidad de provisión de agua segura por medios alternativos a la población en riesgo potencial".

Lamentablemente no se hizo nada para reducir el riesgo ni para alertar a la población. Mientras tanto, decenas de miles de habitantes beben esas aguas y están expuestos a la radiactividad del uranio y sus derivados, y a sus efectos tóxicos.

3. RESIDUOS RADIACTIVOS Y TÓXICOS EN NUMEROSAS MINAS DE URANIO ABANDONADAS POR CNEA.
 
No es casual que miles de Argentinos se levanten contras las tareas de prospección de uranio y su explotación, y se aprueben leyes provinciales que prohíben la minería del uranio. La Comisión Nacional de Energía Atómica y sus ocasionales socios, como Sánchez Granel Ingeniería Sociedad Anónima, han dejado en distintos lugares del país minas de uranio abandonadas que contaminan el suelo, el aire y las aguas ante la indiferencia de los gobiernos provinciales. Para completar esta imagen absurda e irresponsable el estado nacional utilizará un crédito del Banco Mundial para tratar los residuos de algunas de estas minas (PRAMU), crédito que pagaremos todos los argentinos, sin que CNEA –principal responsable del caos ambiental de sus minas- toque un solo peso de su aberrante presupuesto actual. Abre además el país al ingreso de empresas mineras que buscan y explotan uranio, multiplicando así el impacto ambiental y los riesgos sanitarios.

Entretanto las minas de uranio siguen contaminado el ambiente con uranio y con las hijas radiactivas del uranio, entre ellas con radio 226, radón 222 (un material radiactivo gaseoso) y plomo 210, entre otros. También descargan los numerosos metales pesados y otras sustancias tóxicas que se fueron acumulando en sus embalses y pilas de mineral. En el arroyo Tigre, aguas abajo de la mina de uranio de Sierra Pintada, cuya reapertura fue abortada por dos acciones de amparo firmes, la propia CNEA halló valores de uranio que superan los 90 microgramos por litro, cuando la Ley de Minería y la Ley Nacional de Residuos Peligrosos solo permiten para agua de irrigación 10 microgramos por litro. El Tigre desemboca en el río Diamante, principal fuente de agua potable y de riego en San Rafael.   

En febrero de 2009 a la Comisión Nacional de Energía Atómica le fue negada la reapertura de la mina de uranio de Sierra Pintada. La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó la medida cautelar de no innovar dispuesta por el Juez Federal de Primera Instancia de San Rafael hasta tanto se logre la remediación total de los pasivos ambientales que existen en la mina. Las pioneras acciones de amparo interpuestas por Beatriz Carmona, Gabriel Francisco Arenas y María Graciela Bitar en dos acciones patrocinadas por los abogados de la Multisectorial del Sur lograron torcerle el brazo a una CNEA que no solo sigue contaminando las aguas del arroyo Tigre, sino que pretendía, además, reabrir una mina que no había sido remediada.

Sierra Pintada, Malargüe y Huemul en Mendoza, Los Gigantes en Córdoba, Pichiñán en Chubut, Tonco en Salta, La Estela en San Luis y Los Colorados en La Rioja siguen sin estar remediadas y siguen contaminando el aire, el suelo y el agua, y afectando con su presencia –y sus contaminantes- actividades económicas genuinas como la producción de vinos o frutas y el turismo.

En Córdoba la empresa Dioxitek S.A., dedicada a la producción de dióxido de uranio, sigue almacenando más de 36.000 toneladas de residuos radiactivos de baja actividad, uranio y sus derivados, sin membrana y sin control por parte de la provincia y la Municipalidad de Córdoba. Ubicada en uno de los barrios más densamente poblados de la ciudad, descarga unos 2 kilogramos de uranio por año al aire y unos 100 a 150 kilogramos de uranio a la colectora cloacal, además de sufrir periódicos escapes de amoníaco.

4. ARGENTINA SIGUE EXPUESTA A LA IMPORTACIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS PROCEDENTES DE AUSTRALIA Y OTROS PAÍSES.

Pese a decisiones judiciales favorables, que prohibieron el ingreso de residuos radiactivos procedentes de Australia, el gobierno nacional introdujo el caso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tras la firma de un contrato secreto e ilegal, que le permitió a INVAP construir el reactor Opal en Sydney, y la vigencia de un acuerdo aprobado a contrapelo de la ciudadanía, que legitima el ingreso y tratamiento de residuos radiactivos extranjeros, la Justicia le dijo no a las pretensiones de INVAP y CNEA. Pero estos dos organismos que se mantienen con los impuestos de la gente, pese a los negocios internacionales de INVAP, vuelven a la carga. Quieren convencer a la Corte que los residuos radiactivos procedentes de Australia no son residuos. Pero el Artículo 41 de la Constitución prohíbe su ingreso a la Argentina, y por más disfraces y artimañas que la CNEA e INVAP presenten, ningún residuos radiactivo procedente de otro país ingresará a la Argentina. La RENACE y sus organizaciones miembros harán que la ley se cumpla, y no haya nunca más contratos secretos que comprometan la seguridad y soberanía de los argentinos.

5. SE SIGUEN FORMANDO ACUERDOS INTERNACIONALES SIN CONSULTA PÚBLICA, QUE EL PARLAMENTO NACIONAL NO DEBE ACEPTAR.
 
Con absoluto desprecio por la opinión pública de sus respectivos países, mayoritariamente contraria a la construcción de Centrales Nucleares, el presidente de Brasil Lula Da Silva y la presidenta de Argentina Cristina Kirchner crearon una empresa binacional destinada al enriquecimiento de Uranio, la producción de radioisótopos y el desarrollo de reactores nucleares. La iniciativa  forma parte de un paquete nuclear conjunto de 61 proyectos en el sector. Todos decididos en secreto, sin consultar a las poblaciones y a la comunidad científica. RENACE le solicita al Parlamento Nacional que no apruebe acuerdos firmados sin el debido debate previo y la plena participación de la ciudadanía y sus representantes.

Por todo lo anterior la RENACE exige:

1. Que el gobierno Nacional asuma que la energía eléctrica de origen nuclear es cara, peligrosa, sucia y obsoleta.

2. Que el gobierno Nacional asuma que el crecimiento irracional e inconsulto del programa nuclear de Argentina no beneficia a la sociedad sino a las empresas constructoras, las consultoras y los grandes consumidores de energía subsidiada, en particular las corporaciones mineras.

3. Que todo el proyecto de construcción de la central nuclear de Atucha II debe ser revisado y sometido a consulta pública, y destinar sus instalaciones a otro tipo de generación, que no sea nuclear.

4. Que la central nuclear de Embalse debe ser cerrada al término de su actual vida útil. Rechazamos su prolongación por inconsulta, insegura, peligrosa y económicamente inviable.

5. Que no debe construirse en Argentina ninguna nueva central de potencia, y que el programa energético debe reorientarse al ahorro, la conservación sustentable de fuentes no nucleares y la promoción de fuentes alternativas.

6. Que para la producción de radioisótopos y otros materiales radiactivos usados en diferentes actividades no hace falta construir nuevas centrales ni nuevas instalaciones nucleares.

7. Que conforme a la legislación vigente desde 1996, ratificada por el Congreso Nacional  a raiz de las movilizaciones antinucleares de Gastre de ese año,  es obligatoria la consulta popular a las poblaciones donde se pretenda desarrollar o crear "una instalación nuclear relevante". Por ello, deben estudiarse en forma independiente y con veedores de la sociedad civil los efectos sobre la salud y el ambiente de todas las instalaciones nucleares de Argentina, en particular sus centrales nucleares de potencia, sus Centros Atómicos, sus fábricas de combustible nuclear, sus depósitos de residuos radiactivos de todo nivel y sus minas de uranio.

8. Que debe prohibirse en Argentina la prospección y explotación de minas de uranio, tanto por parte del estado como de empresas privadas y sus asociaciones.

9. Que deben remediarse todas las minas de uranio de Argentina, pero no solamente utilizando el crédito otorgado por el Banco Mundial a la Argentina en el marco del PRAMU, sino también con fondos de la propia Comisión Nacional de Energía Atómica. Exigimos que tales remediaciones respeten la legislación vigente y sean permanentemente fiscalizadas por Foros Sociales (como el constituido en la provincia de Córdoba para vigilar la remediación de Los Gigantes y Alta Córdoba, y que la CNEA ignora porque no le conviene a sus modalidades autoritarias y secretas).

10. Que debe reorganizarse la Autoridad Regulatoria Nuclear para que proteja a los ciudadanos de Argentina y no a los intereses de las empresas y el lobby nuclear, debiendo integrar obligatoriamente dentro de su estructura a veedores de la sociedad civil que no tengan ninguna relación con el programa nuclear.

11. Que el gobierno de la nación, CNEA, INVAP y otros organismos deben asumir que la Argentina es libre de combustible nuclear agotado y de residuos radiactivos procedentes de otros países, porque así lo establece el Artículo 41 de la Constitución Nacional. La sociedad no puede seguir soportando definiciones tergiversadas que violan la constitución nacional, y que solo sirven a los intereses particulares de quienes quieren transformar nuestro país en base para el tratamiento y almacenamiento de residuos radiactivos extranjeros.

12. Que debe realizarse un estudio ambiental y epidemiológico independiente y con veedores de la sociedad civil en la zona de Ezeiza cuya aguas están contaminadas con uranio y otros radioisótopos. Exigimos que se obligue a CNEA y sus socios en del Centro Atómico de Ezeiza a hacerse responsables de la remediación y de proveer a las poblaciónes vecinas, agua sin contaminantes.

13. Que la ARN deje de implementar planes de emergencia ante accidente nuclear que solo alcanzan 10 kilómetros alrededor de las instalaciones, y genere, en su reemplazo, conjuntamente con los gobiernos provinciales, municipales y organizaciones de la sociedad civil, planes ciudadanos realistas que asuman el verdadero riesgo de las instalaciones nucleares. Exigimos que se tome como accidente de referencia para cualquier plan de emergencia y simulacro el "peor accidente posible", esto es, un accidente grado 7 en la escala del INES.

14. Que se asuma públicamente el riesgo que significan los depósitos de combustible nuclear agotado ubicados junto a las centrales nucleares de potencia Atucha I y Embalse, que pueden ser objeto de ataques terroristas o el impacto accidental de aviones de gran porte. Exigimos que estos depósitos sean provistos de sistemas de seguridad resistentes al impacto de grandes aviones comerciales. Declaramos que si uno de estos depósitos fuera impactado por un avión comercial de gran tamaño, se generarían potencialmente no un accidente equiparable al de Chernobyl, sino al de varios Chernobyles.

Para mayor información contactar a:

Prof. Dr. Raúl A. Montenegro, Biólogo
Presidente de FUNAM y profesor titular de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba. Premio Nóbel Alternativo 2004.
Teléfono fijo: 03543-422236
Teléfono celular: 0351-155 125 637
Email: raulmontenegro@flash.com.ar

Dr. Valentín Stiglitz.
Médico pediatra y miembro de la Asociación contra la Contaminación Ambiental de Esteban Echeverría.
Teléfono fijo: 011-4296 3955
Email: vstigli@intramed.net 

Javier Rodriguez Pardo.
Periodista de Investigación. Integrante del Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH) y de la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas).
Teléfono celular: 011-156 7485340
Email: machpatagonia@yahoo.com.ar
machpatagonia@gmail.com

Lic. Silvana Buján.
BIOS Argentina y encargada de prensa de la RENACE.
Teléfono celular: 0223-155 109937
Teléfono fijo: 0223- 479-2474
Email: ecosil@copetel.com.ar



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Un bosque no es un cultivo






Por ARBA

Un bosque es un ecosistema natural complejo, dominado por especies arbóreas autóctonas locales y su vegetación acompañante, animales, hongos y microorganismos del suelo. Todos estos elementos establecen entre sí interrelaciones perdurables en el tiempo, autoabasteciéndose sin necesidad de la intervención del ser humano, no es por tanto, un conjunto de árboles uniformes y de idéntica edad.


Un bosque es un ecosistema natural complejo, dominado por especies arbóreas autóctonas locales y su vegetación acompañante, animales, hongos y microorganismos del suelo. Todos estos elementos establecen entre sí interrelaciones perdurables en el tiempo, autoabasteciéndose sin necesidad de la intervención del ser humano, no es por tanto, un conjunto de árboles uniformes y de idéntica edad.
Son muchas las funciones que conocemos de los bosques, aunque aún nos quedan otras muchas por averiguar, a la que la ecofisiología o ecología forestal trata de dar respuesta. Entre las funciones que desempeñan los bosques y que para la raza humana son de vital importancia se podrían destacar las siguientes:
Regulan el ciclo del agua. Las masas boscosas retienen el agua de lluvia, facilitan una lenta infiltración en el suelo.
Cuando llueve sobre un bosque, el agua que cae queda frenada por el “techo” que forman las copas de los árboles más altos, y luego escurre lentamente desde las hojas por los troncos amortiguando la fuerza de su caída y la perdida de suelo por erosión, facilitando la recarga de los acuíferos


Las hojas interceptan entre el 15 y 30 por ciento del agua de lluvia y un 15 por ciento más lo hace el tronco y el ramaje, evitando que esta golpee directamente en el suelo.
Evitan la erosión y crean suelo. Reteniendo la tierra con su entramado de raíces, además la caída de materia vegetal y otros restos orgánicos, al descomponerse por la acción de microorganismos y mineralizarse, van formando un suelo fértil.
Productores de oxígeno. Siempre se ha dicho y seguimos manteniendo que los bosques y montes son los pulmones verdes de la Tierra. La función clorofílica, entre otras funciones, consiste en tomar del aire el CO2 y liberar oxígeno.
Un bosque genera entre dos y tres veces más oxígeno que cualquier otro tipo de cultivo de igual superficie. Una hectárea de frondosas genera entre 10 y 20 toneladas de oxígeno al año.
Fijan y acumulan dióxido de carbono. La captación y fijación de dióxido de carbono (CO2) que ejercen los bosques es primordial, más en estos momentos en el que la actividad humana ha aumentado sus emisiones contaminantes a la atmósfera. Es incierto, como se viene pregonando por determinados productores de madera, que los bosques jóvenes fijen más dióxido de carbono que uno maduro.
Influyen en el clima. En las zonas continentales más del 50% de la humedad del aire se debe al agua bombeada por las raíces y transpirada por las hojas de la vegetación. Cuando se talan los bosques el clima se hace más seco. Un bosque es capaz de mantener sus propias condiciones climáticas y producir un atemperamiento del clima en una amplia zona.


Dos ejemplos ilustrativos: en un hayedo la temperatura en plena calina es de 5 ó 6 ºC menor que fuera de él; en un acebedal es lo contrario, en invierno su interior eleva de 2 a 3 ºC la temperatura exterior.
Acogen un gran número de especies. Los bosques ofrecen multitud de hábitats distintos, por lo que en ellos se puede encontrar una gran variedad de especies animales y vegetales. Son por tanto las principales reservas de diversidad biológica.
Ejercen una acción depuradora. Distintas sustancias contaminantes de la atmósfera y las aguas son retenidas y filtradas por los seres vivos del bosque.
Aportan valor paisajístico. Los bosques rompen la uniformidad y monotonía del espacio en el que se asientan, proporcionando un oasis visual de alta calidad. Además de estimular nuestros pensamientos, dándonos paz y sosiego, nos sirven de ocio, descanso.
No se puede decir lo mismo de un cultivo forestal, que es una plantación de especies vegetales de interés comercial, alineadas, de la misma edad y por regla general alóctonas de la zona, ya que se encuentran fuera de su área geográfica natural.
Las especies más utilizadas históricamente, han sido pinos, eucaliptos y variedades de chopos. En la actualidad se planta algo de autóctonas, pero casi siempre de otros genotipos distintos a los de la zona, cuando no, especies que no corresponden a ese ecosistema vegetal. Su impacto negativo sobre el medio natural es muy notable, máxime cuando estas actuaciones forestales han ido precedida por la eliminación de la cubierta vegetal propia de la zona. Además, los cultivos suelen llevar un conjunto de actuaciones silvícolas que agudizan el impacto medioambiental ya producido.
Desde las distintas administraciones se viene potenciando la “industrializacion” del monte, llenándolo todo de cultivos forestales. La excusa es que hay que plantar millones de árboles para luchar contra el cambio climático, pero la realidad es que el objetivo que se persigue es el potenciar a las empresas de la madera y del papel y a los gestores de esas actuaciones, porque sino, no entenderíamos que se siga destruyendo los bosques existentes, conociendo los beneficios que éstos nos aportan.
Desde ARBA pensamos que la creación de nuevas arboledas debe regirse por dos principios:
1º Mantener y potenciar los montes naturales, en estos las tareas selvícolas deben de ir dirigidas a la eliminación de especies exóticas y alóctonas de la zona, y a la restauración de otros impactos ambientales, dejándolos después tranquilos para que se recuperen por sí solos.
2º las nuevas plantaciones deben hacerse con especies propias del lugar, introducir otras especies no diversifica ni enriquece el monte, todo lo contrario, va en detrimento de las especies, tanto animales como vegetales, que después de cientos de años de adaptación ven como su hábitat se degrada y desaparece.
Somos conscientes de que la sociedad necesita de la industria de la madera y del papel, somos igualmente consciente que esas demandas deben de ser cubiertas con plantaciones forestales (cultivos), y estos se pueden realizar en tierras agrícolas abandonadas, evitando que se destruya más hectáreas de bosque y permitiendo a estos su recuperación, extensión y evolución.
Desde hace un tiempo nuestra asociación viene repitiendo una serie de carteladas y acciones para recordarle a las administraciones de cualquier tipo, que su tarea es la de conservar y potenciar nuestros montes, es decir los montes de todos, y no realizar chapuceras repoblaciones, donde cualquier especie, con tal que sea verde, es factible de ser plantada. www.ecoportal.net
ARBA (Asociación para la Recuperación de los Bosques Autóctonos)
www.arba-s.org

Sol de África para electrificar Europa




Autor: Julio Godoy



Doce compañías alemanas se aliaron con el fin de implementar el ambicioso plan de cubrir, para 2020, al menos 15 por ciento de la demanda de electricidad de Europa con plantas termosolares instaladas en África septentrional.

Entre esas empresas, firmantes de la Iniciativa Industrial Desertec, figuran las mayores firmas alemanas en varios rubros: el bancario --Deutsche Bank--, los seguros --Muenchener Rueca--, la electricidad --E.on y RWE-- y el gigante de la electrónica Siemens. 

Entre ellas planifican invertir unos 400.000 millones de euros (el equivalente a 560.000 millones de dólares) en instalaciones y en la modificación de la matriz energética europea, de modo de permitir la llegada de electricidad a través del mar Mediterráneo. 

Las centrales termosolares también suministrarían electricidad a África septentrional. El plan responde a estudios realizados por el Club de Roma, una organización independiente dedicada al fomento al desarrollo, y el estatal Centro Aeroespacial Alemán. 

En la promoción e implementación del proyecto ha jugadp un rol fundamental la Fundación Desertec, integrada por personalidades de Europa, el Maghreb y Medio Oriente dedicada a desarrollar mecanismos sustentables de producción y suministro de energía para esas regiones. 

"Queremos lanzar una sociedad de riesgo compartido y tender planes concretos para Desertec en los próximos dos o tres años", dijo a IPS el director de Muenchener Rueck, Torsten Jeworreck. 

"La energía solar limpia es el futuro de Siemens", dijo el gerente general de la compañía, Peter Loescher, el mes pasado en conferencia de prensa. "Nuestra empresa, y toda la economía, será más verde luego" de que concluya la actual crisis económica. 

Siemens "participará activamente" en la Iniciativa Industrial Desertec, agregó. 

"Las catástrofes ambientales causadas por el cambio climático constituyen, en el largo plazo, un problema mayor que la actual crisis financiera", sostuvo Jeworrek. "Nuestras estadísticas sobre seguros de las últimas décadas dicen que las catástrofes crecen de tres a cuatro por ciento cada año." 

Según estimaciones de expertos alemanes en energía, la electricidad producida en África septentrional podría costar unos 0,06 euros por kilowatio-hora (kWh). En otras fuentes, el costo actual oscila entre 0,025 y 0,05 euros. 

"Prácticamente todos los expertos coinciden en que el precio de la electricidad aumentará en los próximos años", dijo a IPS Bernd Schuessler, de la revista alemana Photon, especializada en energía. 

El Centro Aeroespacial Alemán y el Club de Roma calcularon que una inversión de 400.000 millones de euros en los programas de Desertec puede lograr la instalación de una capacidad de producción eléctrica de 100 gigawatios para 2050. 

Esta relación entre costos y beneficios es sumamente ventajosa en relación, por ejemplo, con la de Olkiluoto 3, una central nuclear en construcción en Finlandia, que costará 5.000 millones de euros y tendrá una capacidad de generación de 1,6 gigawatios. 

El costo no incluye el costo del manejo de los residuos radiactivos ni del manejo de otras dificultades técnicas propias de los reactores nucleares. 

El costo estimado de las centrales termosolares en el Maghreb incluye el tendido subterráneo de cables de alto rendimiento a través del mar mediterráneo. "En distancias de unos 500 o 600 kilómetros, los cables sólo cuestan entre 10 y 20 por ciento más que el tendido aéreo y no emiten radiación electromagnética", según el Centro Aeroespacial. 

Expertos y activistas ambientalistas aplaudieron la iniciativa Desertec. "El proyecto es una de las respuestas más inteligentes a los problemas ambientales y económicos de nuestro tiempo", dijo a IPS Andree Boehling, experto en energía de Greenpeace Internacional. 

"Al parecer, una parte importante del empresariado alemán se dio cuenta de que es hora de ampliar el uso de las fuentes renovables de energía y de decir adiós a los combustibles fósiles y a las centrales nucleares", agregó. 

Según el ministro de Ambiente de Alemania, Signar Gabriel, dijo que el proyecto es "una idea excelente, tanto por sus implicancias en la política energética europea como en su carácter de programa de desarrollo para África septentrional". 

Las centrales termosolares, en uso comercial desde 1985, usan espejos y lentes de aumento para concentrar la energía solar de modo de elevar la temperatura de agua en recipientes y producir electricidad con el paso del vapor resultante a través de turbinas. 

El "calor residual" del proceso de producción de electricidad "puede utilizarse para desalinizar el agua marina", indicó el Club de Roma en un informe. "Si se recauda más energía de origen solar de la que se consume de día, el excedente puede almacenarse en baterías y utilizarse durante la noche." 

"Las turbinas también funcionan con gas natural, por lo cual pueden brindar electricidad sin interrupciones en periodos en que el clima no es propicio" para producir con la luz solar, agrega el estudio del Club de Roma. 

El proyecto beneficiará a las dos regiones, dijo a IPS Franz Trieb, del Centro Aeroespacial. "No será una nueva colonización energética del mundo árabe", sostuvo. "Por el contrario, ayudará a los estados de África septentrional y Medio Oriente a cubrir su creciente demanda de energía con recursos renovables y propios." 

El proyecto de Desertec no es inmune a las críticas. El legislador socialdemócrata alemán Hermann Scheer, también presidente del Consejo Mundial para las Energías Renovables, lo consideró "otro superfluo generador gigante". 

Scheer prefiere apoyar la instalación de plantas solares y eólicas de pequeño porte. 

"El factor decisivo en la ecuación económica de las fuentes renovables de energía no es la razón entre electricidad producida e intensidad de la fuente, sino entre la producción y la inversión", opinó el legislador y activista. 

Una simple operación aritmética indica, según Scheer, que "una red descentralizada de pequeños generadores solares y eólicos es más eficiente que proyectos de mayores dimensiones, dado el menor costo del transporte de la electricidad" a través del cableado. 

Los ya numerosos generadores solares de electricidad ya instalados en Alemania "pueden competir con la energía solar del desierto del Sahara", aseguró. "En este país estamos a punto de abatir aun más los costos a través de la instalación de paneles solares en techos y fachadas de edificios", añadió. 

Desde otro punto de vista, el proyecto Desertec es "excesivamente caro", según Lars Josefsson, gerente general de Vatenfall, una de las principales compañías de energía de Europa, y asesor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la canciller (jefa de gobierno) alemana Angela Merkel. 

Los costos del transporte de la energía del Maghreb a Europa a través del mar Mediterráneo "serían muy elevados", dijo Josefsson a la prensa. Para mí, el proyecto no es factible", concluyó.

Fuente: IPS

CHILE: Gobierno opta por responder por la vía judicial y policial al movimiento mapuche que reclama derechos territoriales





Tras reunión del comité político a inicios de semana, tanto el Subsecretario del Interior Patricio Rosende, la vocera de gobierno Carolina Tohá y el Ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma deciden aumentar la respuesta policial, criminalizando los legítimos reclamos mapuche y haciendo caso omiso al fondo del conflicto: la falta de diálogo y de reparación histórica territorial. Para el miércoles de la próxima semana, en tanto, fue convocada una sesión especial del Senado para abordar el tema y la forma de enfrentar movilizaciones en la Araucanía.

De acuerdo a lo denunciado desde las comunidades movilizadas, en la tarde de ayer Carabineros disparó e hirió de gravedad en el ojo izquierdo a un comunero, sumando al daño que estas acciones tienen en niños, mujeres y ancianos dado el fuerte contingente policial instalado en la zona. “Yo calculo una dotación cercana a los doscientos carabineros, con cuatro camionetas blindadas, alrededor de cuatro zorrillos, cuatro microbuses, y también tienen una tanqueta que no lo han sacado, pero la trajeron y la pasearon cerca de la comunidad, además de un helicóptero. Tenemos alrededor de siete personas heridas con balines y perdigones, pero nadie quiere identificarse”, señala un werken de Temucuicui.

Elías Paillan y José Luis Vargas

http://comunicacionesmapuchejvfkenmapu.blogspot.com/

“El peñi recibió un disparo en el ojo izquierdo y está sangrando, los carabineros están disparando balas de verdad peñi, informe que son balas de verdad. Esto es como una guerra del Estado contra el pueblo mapuche”, relató desesperado la tarde de ayer el lonko Juan Carlos Curinao, de la comunidad Guañaco Millao, al informar del grave estado del comunero Víctor Benjamin Curinao de 25 años, tras visitar a sus hermanos de Temucuicui que están siendo invadidos por fuerzas especiales de carabineros, en momentos en que el subsecretario del interior, Patricio Rosende, sobrevolaba la zona.
Y es que el clima de tensión ante la aplicación de una respuesta policial extrema por parte del gobierno hacia estas comunidades movilizadas por sus derechos de tierras, aumenta día a día, dado que distintas autoridades del ejecutivo han anunciado que se va a reforzar a las dotaciones policiales con nuevos recursos y a sancionar judicialmente a las personas movilizadas.
Las declaraciones del Gobierno
Frente a estos hechos la vocera de gobierno, Carolina Tohá, advirtió que los sucesos acaecidos serán abordados por la vía judicial y la acción de las policías. “Así se va a hacer respecto a las acciones de la semana pasada y a las que sucedieron esta mañana, porque no son situaciones aceptables que puedan quedar impunes, pero creemos que las herramientas que tenemos disponibles son suficientes para que hechos de esta naturaleza se esclarezcan y se sancionen”, aclaró, descartando aplicar la Ley Antiterrorista.
Por su parte, el Ministro Edmundo Pérez Yoma señaló ayer que “esto (las tomas) no tiene ningún grado de factibilidad y el gobierno no lo va a aceptar” (…), pues según afirmó, “son sólo dos las comunidades mapuches, dentro de más de dos mil, que han optado por el camino violentista”. De acuerdo al secretario de la cartera, “el actuar de carabineros se ha ajustado a derecho y cuenta con todo nuestro respaldo”, para luego agregar, de forma catergórica en entrevista concedida a La Segunda, que “lo que ha pasado en estos tres o cuatro días va a terminar de inmediato (…)”.
Finalmente, Patricio Rosende, subsecretario del interior, expresó durante su estadía en la región su condena a los hechos de violencia acaecidos en los últimos días, asegurando que no se aplicarán leyes especiales en este conflicto. “Aplicar la ley antiterrorista o de seguridad interior del Estado es una majadería”, aclaró a radio Bío Bío.
De acuerdo al personero se han “visto en los últimos días imágenes que no nos gustan y que no son buenas para la región, ni para el país (… ) y en el Gobierno condenamos y rechazamos los hechos de violencia, vengan de donde vengan", aseguró Rosende ayer en Temuco. Reiterando, como señaló antes de su viaje a la región, que por lo que “no habrá trato alguno con comunidades cuyos dirigentes utilicen la violencia y las tomas para resolver sus demandas de tierras”.
Voceros de las comunidades
Distinta es la visión que tienen las comunidades respecto del actuar de las policías en terreno, que coinciden en calificar de desproporcionada y provocadora. Según denunció, por ejemplo, el werken de la comunidad de Temucuicui, Mijael Carbone, existe “un contingente policial tremendo y ya no están en el predio de René Urban, sino en nuestra comunidad, están provocando a nuestra gente para poder enfrentarnos”, aseguró.
El werken calculó esta presencia policial en doscientos carabineros, cuatro camionetas blindadas, alrededor de cuatro zorrillos, cuatro microbuses y una tanqueta que no lo han sacado “pero la trajeron y la pasearon cerca de la comunidad”, además de un helicóptero. “Tenemos alrededor de siete personas heridas con balines y perdigones, pero nadie quiere identificarse”, según informó, por miedo a represalias. De acuerdo al dirigente hasta ahora no existen niños ni mujeres o anciano heridos, pero si muy choqueados, pues temen que los carabineros vayan a allanar las casas. “Están torturando no solo físicamente sino también de manera psicológica a nuestros niños y ancianos que viven en la comunidad. Ellos están desesperados, han disparado desde el helicóptero, nos han tirado gases lacrimógenos y eso es preocupante, por eso seguimos llamando a las comunidades que se movilicen”, finaliza.
El werken hizo también un llamado a que el gobierno se haga responsable de estos hechos, pues el problema de fondo y el origen de estas movilizaciones es su demora en la restitución del territorio ancestral mapuche y no poner freno de inmediato a esta respuesta altamente militarizada en la zona, como lo solicitaron en una carta entragada en La Moneda el pasado 7 de julio más de un centenar de lonkos y werkenes, sin ser siquiera recibidos por la autoridad o escuchados en sus demandas.
Cabe recordar que el lunes pasado las comunidades movilizadas encabezadas por los lonkos Juan Catrillanca de Temucuicui y Juan Carlos Curinao Rucal de Guañaco Millao, presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco en favor de las comunidades de Ercilla y de los habitantes del sector, y en contra de la Prefectura de Carabineros de Malleco, por la responsabilidad institucional que tienen en la violación de las garantías constitucionales, como el derecho a la vida y a su integridad física y psíquica, la inviolabilidad del hogar y el derecho a la propiedad, en especial en el caso de los niños, adultos y ancianos, que son los más afectados.
Otras de movilizaciones de protesta y acciones que se adjudica la CAM
A las movilizaciones en la zona de Ercilla se han sumado en los últimos días la ocupación del Fundo "El Naranjo" de forestal Mininco, por parte de la comunidad de Rankilko; el fundo "Chiquitoy", ocupado por la comunidad Hueñaco Millao; y del fundo “Bayer” de la familia Padilla, por las comunidades de Collico, todas tierras reivindicadas ancestralmente por dichas comunidades.
De igual modo, durante la semana pasada comunidades lafkenches del Budi se movilizaron por territorios que se encuentran en manos de la iglesia católica en Puerto Domínguez y de particulares en Teodoro Smith, y anunciaron que hoy miércoles se sumaran otros en el sector de Lumahue.
Estos acciones de reivindicación territorial, se sumaron a primera hora de ayer, alrededor de las 5 de la mañana, acciones de protesta que mediante declaración pública se adjudicó la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), incluido cortes de carretera en cinco sectores (Tres Cerros, Ñilquilco, camino Vilcún, Niagara y el by pass Temuco) y de tendido eléctrico de alta tensión. Siendo el hecho más grave el que afectó a un bus de pasajeros de la empresa Tur Bus que había partido desde Santiago con destino a Puerto Montt (en Los Lagos), que no se enmarca entre los procesos de movilización antes descrito y que fue condenado mediante declaración pública por el Observatorio Ciudadano, que como ONG de derechos humanos condena este tipo de acciones violentas.
¿Gobierno en diálogo?
Según lo informado ayer por el propio subsecretario Rosende a diario El Mercurio, entre las misiones que le fueron encomendadas, además de reunirse con el alto mando de las policías en la zona para determinar las acciones a seguir, se encuentra el determinar si los comuneros involucrados en las ultimas movilizaciones pertenecen a las 45 comunidades que actualmente participan en las negociaciones que tiene el gobierno para normalizar su situación de tierras, y que "de ser así saldrán inmediatamente de la mesa de conversaciones”, señaló el personero de gobierno.
Frente a esta información, acudimos hasta las oficinas de la Dirección Nacional de Conadi en Temuco para aclarar con Richard Mansilla, encargado del Fondo de Tierras y Aguas, cuáles son las 45 comunidades aludidas por Rosende, pero se nos informó que éste se encontraba en Santiago hasta el lunes. Pues si bien existe efectivamente un proceso establecido la Ley Indígena para la demanda de tierras pertenecientes a personas y comunidades indígenas, alcanzando éstas según cifras del propio gobierno a más de cien solicitudes, un tercio de las cuales están hoy en avanzado estado de tramitación, no hay antecedentes -salvo estas declaraciones del personero del ejecutivo- noción alguna de la existencia una mesa propiamente tal de conversaciones. Es más, la situación que afectó a la numerosa delegación mapuche que se desplazó a Santiago para intentar reunirse con la Presidenta u otra autoridad de gobierno, a fin de comunicar sus propuestas para facilitar la restitución territorial tras meses de reflexión, demuestra que no existe voluntad de diálogo por parte del Estado para solucionar estos conflictos.
Cabe recordar que además el artículo 20 de la ley 19.253 (Ley Indígena) mandata a CONADI para otorgar subsidios para la adquisición de tierras por personas y comunidades, cuando la superficie de éstas es insuficiente para vivir, de acuerdo a puntajes dados por el ahorro previo, la situación socio-económica y el grupo familiar. Puntaje determinado, además de los requisitos de la postulación individual, por su antigüedad y número de asociados.
Sesión especial del Congreso
Finalmente, es importate informar que ayer martes, por orden del Presidente del Senado y a través del Secretario General del Estado Carlos Hoffman Contreras, se citó a una sesión especial del Senado para el miércoles 05 de agosto, de 12 a 14 horas, con la finalidad de analizar "la situación de seguridad que está afectando a la Región de la Araucanía". Citación que circunscribe estos hechos como materia de "seguridad", pero que no analiza el tema fondo, que como se dijo, es la demora en la titulación de tierras ancestrales y la ausencia de reconocimiento a las demandas y derechos sociales y políticos de los mapuche.
Fuente: mapuexpress.org

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CAOI: ¡Alto al genocidio del Pueblo Mapuche por el Estado chileno!
COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI / Empresas forestales pretenden imponerse violentamente en territorios indígenas, con la complicidad del gobierno, que intenta cercenar derechos con represión, normas jurídicas y reformas constitucionales inconsultas.
El Pueblo Mapuche es víctima una vez más de la feroz represión ordenada por el Gobierno chileno. Las comunidades son invadidas por los carabineros. Y junto a la violencia, el mismo gobierno lanza proyectos e iniciativas legales y administrativas, como la reforma constitucional y falsas consultas, que intentan política y jurídicamente cercenar derechos.


El martes 28 de julio, mientras el subsecretario del Interior enviado por la presidenta Michelle Bachelet a coordinar la represión a los Mapuche al sur de Chile sobrevolaba territorio mapuche en su helicóptero, el Logko de la Comunidad Wañako Millao informaba que el comunero Benjamín Curinao de 25 años fue gravemente herido a bala en uno de sus ojos por parte de la policía chilena.

No es un hecho aislado. Lo mismo ocurre en el Perú, como lo demuestran los decretos legislativos del TLC con Estados Unidos, que provocaron la Masacre de Bagua. Reformas legales y criminalización son utilizadas por los gobiernos neoliberales del continente, para abrir las puertas a la invasión de territorios indígenas por las transnacionales extractivas.

En el caso de Chile, el estado entrega territorios ancestrales a las empresas forestales, mineras, salmoneras e hidroeléctricas, reproduciendo el racismo que dio lugar a la campaña de exterminio de la Araucanía en el siglo XIX. Esa es la “modernidad” y el “desarrollo” que atentan contra la vida, condenando a miles de Mapuches al desarraigo y el desplazamiento forzoso.

Las Comunidades Mapuche encabezadas por sus autoridades exigen diálogo al Gobierno, pero no son escuchadas. Por ello continúan movilizándose pacíficamente, en demanda de respeto a sus territorios, a sus derechos humanos y sus derechos colectivos. También están convocando a los empresarios chilenos a una Mesa de Análisis y Propuesta, para generar una visión objetiva de la historia y la realidad actual del territorio de la Nación Mapuche.

Las organizaciones indígenas advierten el peligro de que se repita en Chile la Masacre de Bagua y que el genocidio alcance los niveles colombianos. Han denunciado que un comando paramilitar conocido con el nombre de “Hernán Trizano” se estaría reagrupando en la Región de la Araucanía. Este comando obedecería a la corriente fascista de latifundistas de la zona, para, a través de las armas, frenar los procesos de reivindicaciones de Tierras de las Comunidades Mapuches.

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, condena enérgicamente la represión contra el Pueblo Mapuche, exige al gobierno de Michelle Bachelet poner alto a su política de exterminio y entreguismo a las transnacionales, y respetar los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas, en particular sus derechos territoriales.

Asimismo, convoca a la más amplia y efectiva solidaridad con los Pueblos Indígenas chilenos, y se suma al llamado a la Cruz Roja Internacional, la Organización Internacional de Trabajo, los organismos de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, Amnistía Internacional y todas las instituciones de Derechos Humanos, para que realicen misiones humanitarias a Chile y exijan a ese Estado el respeto de los derechos de los pueblos indígenas amparados por instrumentos internacionales.
Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI

Acción Ecológica opina sobre el Código Ambiental del Ecuador “De códigos y otros demonios”







A pesar de todo el esfuerzo que se realizara para tener probablemente una de las mejores constituciones del mundo, desde el punto de vista de derechos y el medio ambiente, las señales que provienen del gobierno de Rafael Correa parecieran ser inconsecuentes con esto. Primero fueron la Ley de Minería y la Ley de Soberanía Alimentaria. Ahora, vienen, entre otras normas, el Código Ambiental, la Ley de Seguridad Nacional o la que regula la Función Legislativa y el Plan Nacional de Desarrollo.
El proyecto de Código Ambiental y del Agua, ventajosamente por el momento archivado, en lugar de reforzar lo alcanzado en la carta magna, como son los derechos de la naturaleza y el principio del Sumak Kausay, tiene muchos artículos que se contradicen con estos. También, de acuerdo a las organizaciones indígenas, el Código les restaba derechos a las comunidades y pueblos indígenas con relación al manejo de los recursos naturales que se encuentran dentro de sus territorios.
El Código amenazaba con ser un instrumento para el despojo a pueblos, nacionalidades y comunidades del agua, las tierras, territorios y biodiversidad y había la posibilidad de ser entregados a las empresas privadas nacionales e internacionales. Veamos algunos ejemplos que sustentan esta posición.
Con el Código Ambiental, el derecho de los pueblos indígenas al control y manejo de sus territorios de acuerdo a su Derecho propio, se imponía que sea mediante “una norma especial” y bajo control directo del Estado. En el caso de territorios indígenas en áreas protegidas, las nacionalidades, pueblos o comunidades, para “legalizar” sus territorios ancestrales, debían aceptar el Plan de Manejo para el área protegida, y si la autoridad ambiental considerase que incumple este requisito u otros pueden perder sus derechos sobre los mismos. De igual manera, el proyecto de Código Ambiental ponía a las autoridades de los gobiernos de los pueblos, nacionalidades y comunidades, bajo el Sistema Nacional de Areas Protegidas, para todo lo que implica control y administración del territorio, incluso la facultad de “determinar los sitios considerados sagrados y rituales”.
También podemos mencionar que el Estado era reconocido, a través del mencionado Código, como el titular de los Servicios Ambientales pudiendo negociarlos, concesionarlos con otros Estados, con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, mientras que expresamente prohibía la apropiación “de las nacionalidades, pueblos y comunidades”, definiéndolas como propiedad privada.
Otro ejemplo es el de la pretendida creación, a través del mismo Código, de una nueva categoría de reservas privadas y comunitarias, lo que facilitaría la privatización de extensas zonas de bosques, o que zonas propiedad de pueblos y nacionalidades que todavía no son tituladas sean compradas y vendidas.
En cuanto al derecho al agua, el proyecto de Código Ambiental y de Agua, lo conviertía en “servicio ambiental”, cuyo titular como dijimos sería el Estado, por lo que hubiera podido ser objeto de acuerdo comercial con “personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeros”, y con otros Estados. Esto también incluiría a las fuentes de agua (páramos, pantanos, vertientes, glaciares, agua subterránea, humedad del ambiente, etc. De haberse aprobado el Código Ambiental como fuera presentado, se hubiera debilitado la posibilidad del ejercicio del derecho humano al agua y se eliminaba su sentido estratégico para la soberanía alimentaria, es decir, para la vida misma.
Además, si bien el proyecto de Código Ambiental y de Agua mantenía en primera instancia la prelación del agua fijada en la Constitución: consumo humano, riego para la soberanía alimentaria, caudal ecológico, y actividades productivas, en ese orden, esta prelación podía ser invertida pues se señalaba que “por decisión de la autoridad única del agua, en función del interés nacional previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, podrá cambiarse el destino del agua”, sobre todo cuando se trate de proyectos “calificados” de prioridad nacional, por la sola decisión del Presidente de la República, como pueden ser los proyectos hidroeléctricos o mineros.
A propósito de esto último, durante estas semanas, hasta el mes de agosto el Gobierno ha iniciado una serie de foros de socialización del Plan Nacional de Desarrollo. Luego de una revisión inicial sumaria del Plan, Acción Ecológica alerta a las organizaciones, pues este refleja un proyecto productivista, industrialista, de reordenamiento territorial, reformas educativas y diseña al país con una serie de proyectos de infraestructura, para potenciar la competitividad y la inserción del Ecuador en los mercados internacionales. El Borrador del Plan parecería que fue diseñado con una visión parcelaria y bajo el delirio de exportar y exportar sin tomar en cuenta a la propia Constitución, los impactos ambientales, o a las nacionalidades indígenas. Próximamente profundizaremos más acerca del Plan de Desarrollo desde la perspectiva ecologista. www.ecoportal.net
Acción Ecológica
www.accionecologica.org

Amianto: crónica de una tragedia anunciada




Paco Puche




A excepción de la pólvora, el amianto es la sustancia
más inmoral con la que se haya hecho trabajar a la
gente; las fuerzas siniestras que obtienen provecho del
amianto (... ) sacrifican gustosamente la salud de los
trabajadores a cambio de los beneficios de las empresas.

(Remi Poppe, ex diputado europeo de los PP Bajos)

Cientos de miles de muertes por cáncer
se producirán en los próximos decenios como
resultado de las exposiciones al asbesto
en el trabajo, en el hogar y en el medio ambiente.
(CCOO Andalucía, 2007. “Amianto: impacto sobre la salud y el medio ambiente”)
 
Se estima en 100.000 el número de personas
que mueren cada año en el mundo de resultas
de la exposición al amianto.
(OIT, 2006)

La extracción, transformación y manejo de los productos que contienen amianto
(o asbesto) ha originado, en el pasado siglo XX, decenas de miles de enfermos y muertes prematuras y se espera que en los próximos cincuenta años se producirán centenares de miles, habida cuenta de que existe un desfase entre la exposición a la fibra letal y las manifestaciones de la enfermedad de hasta 30 años y, porque aún, a pesar de ser clara y terminante su nocividad, en cerca de 150 países no está prohibido su extracción, transformación y uso.
En los países industrializados es la principal causa de enfermedades profesionales y, después del tabaco, el primer cancerígeno ambiental más mortífero de los conocidos hoy día.
Por eso, a esta tragedia, se le ha llamado “el genocidio del amianto”.

El amianto se extrae a partir de las minas de serpentina y anfíboles, silicatos cristalinos compuestos de fibras microscópicas, de las cuales las más importantes hoy día están en Canadá, Rusia, Kasakhstan, China y Brasil, y de las que está extrayendo más de dos millones de toneladas anuales. Hay distintos tipos de asbestos, pero el que más se ha utilizado ( y se sigue utilizando) es el crisotilo o amianto blanco que de todas las modalidades es el menos virulento, pero como los demás cancerígeno y patógeno La contaminación continúa.

El amianto se ha aplicado hasta en 3.000 productos diferentes, pero el más abundante y conocido es el fibrocemento utilizado en la construcción y en los conductos de agua. El descubrimiento de esa combinación amianto-cemento (fibrocemento) tuvo lugar en 1900 por el austríaco Hatschek, que murió prematuramente, posiblemente como primera víctima de su descubrimiento. Por el carácter “eterno” que sospechó tendría el producto llamó ”Eternit” a las empresas que lo fabricaban. Como sólo daba una licencia por país, desde el principio, se constituyó un grupo de cuatro familias centroeuropeas que pasarían a dominar la producción de esta patente: los Schmidheiny, los Emsens, los Hatschek y los Cuvelier. El temprano cártel constituido bajo la hegemonía de las dos primeras familias (suiza y belga), así como las múltiples interrelaciones societarias entre ellas permite hablar de la multinacional Eternit, un imperio del amianto que ha durado en Europa hasta el 2004, fecha en que Eternit-Belgica deja de fabricarlo, y que se ha extendido por más de 25 países de todo el mundo. Junto a la compañía inglesa Turner &Nevall, constituyeron en 1929, el cártel llamado SAIAC, basado en la coordinación, los acuerdos de precios y compras, la expansión fuera de Europa , el funcionamiento como lobby para luchar contra la prohibición o reglamentación estricta y para generar opinión publica.
La utilización del amianto en este trabajo se focaliza en el fibrocemento porque estos productos absorben la mayor cantidad del asbesto extraído de las minas en el mundo y porque ha estado controlada por una sola multinacional: Eternit.


1. La “fibra asesina”

El descubrimiento de las muchas propiedades del amianto hace que se le llegue a llamar el “mineral milagroso”. Su combinación con el cemento y el agua por su indestructibilidad, su resistencia al fuego y su bajo coste lo hacen un estupendo sustituto como material de construcción. Pero muy pronto aparece su carácter letal y la historia de su nocividad se afianza a lo largo del siglo XX, con la aparición de publicaciones médicas de prestigio, a pesar de las maniobras de ocultamiento y descrédito a los que las somete el cártel de Eternit, así:

En 1900 se constata la existencia de abestosis, enfermedad relacionada con el polvo de amianto.
En 1930 la relación entre la inhalación de fibras de amianto y la abestosis es definitivamente establecida.
En 1955 la inhalación de amianto y cáncer de pulmón queda demostrada.
En 1959 los trabajos de Wagner descubren la aparición de cáncer (mesotelioma) en los mineros y en las poblaciones de alrededor, en Johannnesburgo.
En 1964-65 los trabajos del equipo del americano Selikoff, logran el reconocimiento de la comunidad científica de su nocividad.
En 1973. la OMS reconocía que la exposición al amianto causaba el mesotieloma y el cáncer de pulmón.
En 1978 en Parlamento europeo declaraba el amianto como cancerígeno laboral, pero como dice CCOO (obra citada) muchos estados fueron anestesiados por los lobbys industriales y financieros y hasta 25 años después, en 1999, no se prohibía en Europa, entrando en vigor apenas en 2005.


El cuadro de enfermedades principales por inhalación de amianto queda establecido, actualmente, como sigue:
La abestosis, que afecta al pulmón, con un periodo de latencia de unos 10 años, que mata por asfixia.
El cáncer de pulmón, con 10 a 20 años de latencia hasta su aparición.
El cáncer de pleura, mesotelioma, específico del asbesto, con 20 a 40 años de latencia.

El amianto resulta ser un tóxico pérfido y temible, pues los periodos largos de latencia permiten achacar los tumores al tabaco, por ejemplo; no proporcionan síntomas clínicos precursores y la fibras microscópica que se desprenden del amianto - cemento son solo visibles al microscopio electrónico. En todo el ciclo de vida del amianto – cemento, desde la extracción hasta la eliminación de los desechos pasando por su utilización se liberan importantes cantidades de fibras, que no son fijadas y exponen así a profesionales y a numerosas personas.

En el gráfico podemos ver que en todo el siglo XX, en Suiza, los años 1955 a 1982 han sido los de más transformación de amianto – cemento y que con un desfase de 30 años han empezado a producirse enfermedades profesionales, que tendrán su punto culminante alrededor de 2010.
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Como afirma la AISS ( Asociación Internacional de la Seguridad Social, fundada en 1927), en un documento de 2006:

Existe un claro consenso científico internacional según el cual
el amianto, sea cual sea su naturaleza, es un producto cancerígeno para el hombre incluso en bajas cantidades.
No hay ningún amianto bueno.
La utilización actual del amianto penaliza a la economía de un país durante más de 30 años.
En cuanto al amianto ya existente, aunque implique costos adicionales, a plazo la eliminación total es la única solución perenne y realista, si no, las operaciones de mantenimiento serán siempre peligrosas.
El reemplazo del amianto puede realizarse en todos los casos.
Tanto por razones humanas como por razones económicas, la prohibición de la producción y de la utilización del amianto es ineluctable.








1. Las víctimas, sus asociaciones y demandas. El caso de Turín

Los afectados han tardado más de setenta años en organizarse y en luchar por sus derechos para que se haga justicia, pero las cosas están cambiando rápidamente.
Las razones de esta movilización tardía (no olvidemos que el amianto – cemento lleva más de cien años produciéndose) se deben a su carácter pérfido (las varias décadas que tarda la enfermedad en dar la cara), a lo poco que han hecho las administraciones y los médicos de empresa, como denuncia Ángel Cárcoba sin descanso (“ no se conoce mi un solo caso en toda la historia judicial en que un médico de empresa o de Mutua haya testificado a favor de las víctimas”) y al lobby-cártel montado por Eternit durante más de 50 años. Como dice R. Sopoor, en mayo del 2002, en la Tribune del Partido Socialista Holandés, “ si vosotros atacáis a las empresas de Eternit, país por país, ellas se escurrirán entre los dedos. No son más que filiales de multinacionales, es un caso típico de deslocalización. Las víctimas perseguirán sombras, y el país en cuestión será abandonado con una vasta polución medioambiental”

Pero a partir de finales de los setenta, las víctimas se organizan en Australia y EEU, les siguen en Japón, en 1987, con la Red para la prohibición del asbesto; en 1989, en Italia se constituye la Asociación de expuestos al asbesto, y partir de los noventa aparecen organizaciones de resistencia en Brasil contra Eternit (1995), en Nicaragua y Perú (1998), en Bélgica (2000), en India (2002) ...Y desde 1991 se inician los encuentros internacionales empezando con el realizado en Parlamento Europeo, seguido de la constitución, en 1992, de la Red BAN ( por la prohibición del asbesto en el mundo) y de la asociación IBAS ( International Ban Abestos Secretariat) que promueve junto al grupo de izquierda europea en el Parlamento la Conferencia titulada “ El amianto, el coste de la avaricia empresarial” , en septiembre de 2006. En febrero de 2008 se celebra en Viena la Conferencia sobre el asbesto de la International Trade Union.
Las cosas han cambiado. En España es sobre todo el sindicato CCO el que abandera las luchas y, según ellos mismos, desde la clandestinidad ya empiezan a hacer denuncias, que culminan en 2000 y 2007 con las publicaciones de los libros “El amianto en España” y “ El amianto: impacto sobre la salud y el medio ambiente”, amén de organización de las víctimas y presiones en la administración. En España el amianto está prohibido desde el año 2002.

El caso de EEUU es especial pues todos los asuntos han de reclamarse en los juzgados, por litigación. Pues bien si en 1982 había 21.000 demandas en 2000 se elevaron ya a 600.000 y las empresas demandadas pasaron de 300 a 6000. Esta situación ha hecho decir a un magistrado del supremo que tal “elefantiasis” era mejor gestionarla por vía legal que jurisdiccional.

Pero todo este movimiento ha culminado, por el momento, en el juicio
de Turín que comenzó el pasado 9 de abril y en el cierre de AVINA, una entidad filantrópica del magnate del amianto S Schmihheiny, fundada en 1994, y reflotada financieramente en 2003, dedicada a lavar la imagen del suizo, a seguir haciendo negocios y a confundir a los movimientos sociales de resistencia al capitalismo con financiación y penetración en los mismos (ver informe Avina en el Observador)

En el juicio de Turín los principales acusados son S. Schmidheiny y J.L. de Cartier. responsables y propietarios de Eternita Suiza y Bélgica, uno desde 1973 a 1986, y el otro en 1972. Es por tanto un juicio con carácter retroactivo, en cierto modo contra el cártel que ha dominado, en el siglo XX, la producción de amianto en el mundo. Se ha hablado de él como del “Núremberg” del medioambiente. Se acusa a Eternit de falta de prevención y daños por el amianto que ha causado la muerte a 2.619 empleados y se pide un millón de euros de indemnización por cada víctima y unos trece años de cárcel a Schmidheiny.

"¿Quién podía saberlo?", se pregunta ahora Luisa Minazzi, que de pequeña jugaba en el patio entre polvos de eternit que su padre traía de la fábrica como si fuese algo maravilloso. Dice Luisa que "los responsables deberían ser juzgados en La Haya por crímenes contra la humanidad" y uno se pregunta qué sucederá con toda la uralita que hay en los pueblos de Europa, que sigue en el mismo sitio donde fue colocada hace 30 o 40 años” ( Rossend Doménech, Roma, 2008)

 
(Juicio de Turín , 2009) ( Décimo segunda marcha de viudas
y víctimas del amianto de Dunkerque, París 2005)


Mientras Sthepan Schmidheiny ponía a buen recaudo parte de su fortuna (a modo de un alzamiento de bienes, por lo que sabía que se le vendría encima para reparar parte de los daños infligidos las decenas de miles de víctimas del asbesto) y a bombo y platillo, en Costa Rica en 2003, en presencia del embajador norteamericano y el del presidente del Banco Mundial, entre otros, constituía un fondo denominado Viva Trust para financiar la ya extinta Fundación AVINA, un ex-trabajador de su fábrica de Brasil, que había trabajado durante treinta y ocho años, le escribía por navidad de ese mismo año, y le decía:
Nosotros los ex- colaboradores de Eternit Osasco, hemos trabajado ignorando los riesgos del amianto, con abnegación y el orgullo de construir el imperio del amianto cemento para vuestra familia Schmidheiny. ¿Pero qué hemos recibido a cambio? Una bomba de efectos retardados implantada en nuestros pulmones.
Le adjunto una fotografía de los supervivientes de Osasco para ver si se le conmueve el corazón contemplando estos restos humanos en que han devenido vuestros viejos colaboradores de los tiempos dorados de Eternit.
Le pedimos que ya que ha donado 2.2 millardos de dólares para obras filantrópicas, si estaría dispuesto a donar solamente algunos millones para la Asociación brasileña de las víctimas del amianto... ( Firmado Joao Francisco Grabenweger)


Este Trust con el que ha estado financiando Avina tomada su financiación de, entre otras empresas, de una denominada AMANCO dedicada a fabricar tubos para conducción de agua, especialmente en Latinoamérica. Esta es una de las razones por las que AVINA ha estado tan interesada en temas de agua y en denunciar la falta de saneamiento de cientos de millones de personas en el mundo: como en muchos países no estaba prohibido, ha usado en las instalaciones, evidentemente, el fibrocemento para las instalaciones de agua ( también el PVC) y los líderes de los movimientos sociales a los que ha financiado jamás han fomentado los saneamientos en seco, sin necesidad de tuberías, que son en muchos casos alternativas viables y ecológicamente más recomendables ( no necesitan depuración, no contaminan, se aprovecha el compost)

1. Las familias responsables de Eternit: Schmidheiny y Emsens

Ya hemos visto como el lobby, multinacional y cártel denominado Eternit, ha dominado la producción del amianto en el mundo por cerca de 100 años. Fruto de este monopolio, que tuvo su periodo de máximo esplendor entre los años sesenta y ochenta del siglo XX, dos familias principalmente ( la suiza Schmidheiny y la belga Emsens) se colocaron a la cabeza de los magnates del mundo.

El lobby de Eternit, como dice Remi Poppi, “ la fuerza siniestra que obtienen provecho del amianto, no se lo piensa dos veces a la hora de recurrir al chantaje, el engaño y las prácticas deshonestas para proteger (...) los beneficios de las empresas”.

En el caso de Nicaragua se instalaron con el nombre de Nicalit, compartiendo propiedad con el dictador Somoza ( 40% de participación) y estuvieron produciendo amianto-cemento desde 1967 hasta 1993. Las víctimas también están organizadas para su defensa.

En la Conferencia sobre el asbesto celebrada en Viena, en febrero del 2008, organizada por el International Trade Unions, María Roseeli presentaba su libro titulado “ La mentira del asbesto”, en el que revelaba las muchas mentiras a las que el pueblo ha sido sometido por las compañías en relación al asbesto y manifestaron haber encontrado a una víctima letona viva, testigo de los trabajos esclavos a que Eternit sometía en Alemania a algunos trabajadores, durante la segunda guerra mundial. Los Schmiheiny admiten que tuvieron que hacer algún tipo de colaboración con el nazismo, aunque niegan lo de la esclavitud.
En el sumario de Turín también figuran los italianos deportados a Alemania durante la segunda guerra mundial, obligados a trabajar con amianto.

La magnitud de la responsabilidad de estos magnates tiene que ver con la cantidad de amianto movido en los más de cien años de uso del mismo. Se sabe que más de 200 millones de toneladas de asbesto han sido utilizadas en el mundo, de las cuales 80 millones están instalados en Europa y 2,6 millones en España. Y se sabe que el riesgo de inhalación de fibras está presente en todo el proceso: extracción, preparación, transporte, transformación, aplicación, uso, almacenamiento, destrucción y gestión de los residuos.

“Actualmente unos 125 millones de personas de todo el mundo se encuentran expuestas al amianto en su lugar de trabajo Estimaciones globales muestran que todos los años mueren, como mínimo, 90.000 personas de cáncer de pulmón, mesotelioma y asbestosis debidos a la exposición al asbesto por motivos profesionales . Además, se estima que pueden atribuirse varios miles de muertes adicionales a otras enfermedades relacionadas con el amianto y a exposiciones a esa sustancia que no son de índole profesional” (OMS, sept. 2006)

Y como dice el Comité de ayuda y orientación a las víctimas el amianto (CAOVA, 2006) la responsabilidad de estas familias “hacia las víctimas del amianto en el mundo está a la medida de sus fortunas y del imperio mundial que han construido en el curso del siglo XX sobre el secreto, la mentira, y la manipulación de la opinión pública”

Estas familias históricas dejaron la producción en 2004, al menos en Europa que para esas fechas, en la mayoría de los países, estaban su producción y uso prohibidos. Pero han tomado el relevo los países que como Canadá, Rusia, etc. siguen extrayendo cada año cerca de 2,5 millones de toneladas y se siguen usando en los más 140 países en los que aún no está prohibido el amianto, con las consecuencias a largo plazo para la salud que aquí han sido descritas.
Hay muchas voces que piensan que los responsables máximos deben ser juzgados en el Tribunal Penal Internacional por tratarse de crímenes de lesa humanidad.

1. El caso de España: Uralita, Eternit y los March

En España, el amianto es más conocido por su nombre comercial, uralita, que por su nombre propiamente dicho. En efecto, en 1903 se funda la sociedad con ese nombre y en 1920 empieza a fabricar fibrocemento. Es en 1959 cuando Eternit compra un paquete importante de acciones y Uralita SA entra a formar parte de la multinacional del amianto que domina en todo le mundo.
En los años 70 del pasado siglo, el Grupo March era el principal accionista y Juan March su presidente. De este personaje dijo J. Fortuny en el periódico Avui, en 2001, que esta y otras empresas las obtuvo el franquismo como “parte de un botín de guerra”, pues no en vano este magnate que se enriqueció con el contrabando “apoyó financieramente la rebelión militar de 1936 contra el Gobierno republicano”. Como el amianto daba mucho dinero, el imperio de los March llegó a ser la séptima fortuna del mundo; esto nos recuerda a los suizos y belgas en el enriquecimiento rápido en base a la salud de los trabajadores y de los ciudadanos.

La empresa Uralita ha declarado durante muchos años unos beneficios netos de miles de millones de las antiguas pesetas y de cientos de millones de euros. Por ejemplo, entre enero y septiembre de 2007 obtuvo unos beneficios netos de 70.9 millones de euros. Así mientras los “productores e importadores de este mineral “asesino” aumentan sus beneficios, millones de trabajadores y ciudadanos mueren de cáncer” (Cárcoba, 2008)

En España se ha estado produciendo hasta el 2002 en distintas localidades. Fruto de toda esa producción se ha calculado por la Asociación de víctimas del amianto (AVIDA) que “hasta el año 2010 se producirán unas 1500 muertes anuales de personas expuestas al amianto entre 1960 y 1975. Entre 2010 y 2025 esta tasa aumentará hasta 2300 muertes entre la expuesta hasta 1990. Del 2025 al 2040 empezará a decrecer situándose en 700 muertes por año entre la expuesta a partir de los 90”.

En enero de 1999 la Comisión Europea encargó un informe en el que se concluyó que
“ en las tres primeras décadas del 2000 se producirán 500.000 muertes en Europa debidas al amianto, de las cuales entre 40000 y 56000 se darán en el estado español concentradas en Cataluña, Galicia, Madrid, Andalucía, País vasco, Valencia y Asturias.

El Col-lectiu Ronda, cooperativa de abogados que lleva treinta años defendiendo víctimas del amianto sostienen que “ la actitud irresponsable de Uralita SA afectó a sus familias, a sus obreros y todos los vecinos de Cerdanyola … y la cadena de despropósitos (engaños, silencios y negación de la realidad) constituyen los elementos de un drama del que algún día tendrán que responder muchos”.

Y no hay que olvidar que quedan instaladas y produciendo abestosis y otras enfermedades, cerca de tres millones de toneladas de amianto en España.

1. El Tribunal Penal Internacional
Ante la gravedad de un asunto como el amianto ( y quizá en el futuro, sino se remedia y se aplica el principio de precaución, a consecuencias de la nanotecnología) se han alzado distintas voces a que un Tribunal Internacional juzgue a los responsables de éste presunto delito de lesa humanidad. Por ejemplo, Ángel Cárcoba, desde el departamento de salud laboral de CCOO, en su alegato titulado “Yo acuso”, argumenta:
“El amianto era pues y es una catástrofe sanitaria anunciada y previsible. Pero increíblemente es muy poco o nada lo que se ha hecho para evitar esta hecatombe (…) mientras no se entienda que el derecho a la salud va más allá de la negociación laboral, hasta fundamentarse en los principios de ciudadanía, seguiremos asistiendo impávidos a crímenes contra la humanidad.
Ante esta situación hago un llamamiento para la creación de un Tribunal Penal Internacional del Trabajo, donde comparezcan y se diriman las responsabilidades de quienes convierten el trabajo en lugares de violencia, enfermedad y muerte”

6 . Asuntos y reivindicaciones pendientes

Después de todo lo dicho se deduce que quedan pendiente lo siguiente:

- La prohibición total del amianto (de todo tipo y para todos los usos) en todo el mundo.
Quedan aún más de 150 países en donde está permitido su extracción, transformación y uso. Existen asociaciones internacionales que luchan en este sentido (Internacional Ban Asbestos Secretariat, entre otras)

- La atención e indemnización a las víctimas habidas y por haber. En lo relativo a cuidados médicos, jubilaciones anticipadas, pensiones de viudedad y resarcimiento económico, si cabe, a todas las víctimas.
Según el principio del que contamina paga, deben ser las empresas del amianto las que corran con los gastos de los daños, especialmente la multinacional Eternit que durante cerca de cien años ha enriquecido a unas pocas familias de magnates.
No es de recibo que Sepan Schmidheiny pretenda hacer obras de caridad con Fundaciones como AVINA a costa de los deberes que ha contraído con tantos millones de personas. E igualmente, la financiación que esta Fundación ya ha depositado en otras asociaciones y en líderes-socios deben devolverse a las víctimas del amianto. Ni tampoco que con cargo al erario público se paguen estos gastos, que es dinero de todos.
-Debe hacerse justicia y procesarse penalmente los responsables de este presunto crimen, especialmente las familias de la multinacional Eternit.

- Debe prohibirse el traslado de residuos tóxicos con amianto a países empobrecidos, desde los países ricos, como el caso del desguace del portaviones francés Clemenceau al que Greenpeace logró parar en 2006.

- Como decía más arriba el AISS, en cuanto al amianto ya existente, aunque
implique costos adicionales, a plazo la eliminación total es la única solución
perenne y realista, si no, las operaciones de mantenimiento serán siempre
peligrosas.
Igualmente, aplicando el principio del contaminador-pagador
corresponde básicamente a las empresas Eternit , a sus filiales y aliadas el pago de
la desamiantización del planeta.

- Sirva el amianto como antecedente de lo que nos puede venir con la aplicación
temeraria de las nanotecnologías, pues ya se tienen evidencias de que “ los
nanotubos de carbono pueden producir en tejidos corporales de ratones daños
similares a los que causan las fibras de amianto” (Riechmann, 93)

- Por último será difícil separar el Amianto de la Fundación Avina, obra del magnate Schmidheiny ( ver informe Avina en el Observador); y será difícil que todo aquello que venga de la mano de líderes-socios no traiga consigo la sospecha de lo “avinesco”, es decir todo el contexto histórico del amianto y todo el de los intentos de esta fundación de cooptar a líderes de los movimientos sociales para hacerlos inocuos y para hacer más fácilmente sus negocios. Se impone en España y Latinoamérica un proceso de desavinación para poder recuperar la confianza perdida y para poder eliminar el fondo de sospecha que late con aquellos movimientos y líderes que han elegido tales compañeros de viaje y tal financiación.

No se puede perder la memoria histórica de lo que este acontecimiento ha supuesto para los trabajadores, sus familiares y para los movimientos sociales. Hay que hacer justicia, reparación y ver las evidencias.
 
Para más información, los siguientes libros y documentos podrán facilitarla

Cárcoba, A., 2008, Yo acuso, Departamento de salud laboral de CCOO
CCOO, 2007, Amianto: Impacto sobre la salud y el medio Ambiente, CCOO Andalucía
Colectiu-Ronda, 2008, la fibra asesina. El amianto, Barcelona
Ruers, R.F. y Schouten,N., 2006, Eternit, le blanchiment de laminate sale , CAOVA, Lausana.
Riechmann, J. 2009, La habitación de Pascal, La Catarata, Madrid

jueves, 30 de julio de 2009

Una mancha más al tigre: segunda renuncia por más beneficios fiscales a Barrick





El secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, aceptó la renuncia del subsecretario de Ingresos Públicos, Cristian Modolo, quien se negó a firmar el acuerdo tributario que favorece a la minera Barrick Gold. Modolo es el segundo funcionario de Economía que se va por esta cuestión.

Fuente: diario La Nación
Buenos Aires, Argentina. Un nuevo escándalo empaña la dudosa política minera argentina. El subsecretario de Ingresos Públicos, Cristian Modolo, encargado de verificar y diseñar la política tributaria oficial renunció a su cargo previo a negarse a aprobar un convenio que iba a dar a la compañía canadiense Barrick Gold beneficios impositivos, distintos a los de otras empresas del rubro.

Leer también Renuncias en Economía por ventajas impositivas a la minera Barrick Gold

El hecho también alienta las suspicacias que se generaron después de que la Presidenta, Cristina Kirchner, vetara la ley de protección de glaciares, fuente de agua fundamental. El mismo recurso que las mineras necesitan para su producción en las explotaciones a cielo abierto, el método más utilizado en el país y muy cuestionado.

Y los vecinos autoconvocados que están en contra de que se concreten estos emprendimientos encendieron la luz roja. Entre ellos está la organización No a la mina, que además alerta que no sólo hay que mirar a San Juan. En Esquel, en Chubut, está por vencer el plazo que prohibía la explotación de la minería en la Cordillera y el oficialismo chubutense, liderado por el gobernador Mario Das Neves, dejó sin quorum la sesión. Además invita a firmar un petitorio para que se vuelva a debatir una ley de protección de glaciares y otro, para impedir la instalación de nuevas minas con explotación a cielo abierto.

Tal como lo revela el periodista de La Nación Martín Kanenguiser, “sólo por las desgravaciones para el sector, según cálculos privados, Barrick no le pagará al fisco $409 millones anuales, a los cuales se sumarían “otros 150 millones al menos” por este nuevo convenio, cuyo contenido no fue dado a conocer”.

El principal proyecto que tiene la empresa, Pascua Lama, es único en el mundo ya que se explotará en dos países: Argentina y Chile. Barrick se comprometió a invertir US$540 millones en la iniciativa de Veladero, también en San Juan, y unos 3000 millones Pascual Lama en 25 años; en total, empleará a 8000 personas en ambos proyectos, según cifras de la empresa de origen canadiense. La firma prevé producir unas 800.000 onzas anuales en Pascua Lama (una onza vale cerca de US$ 950) y 35 millones de onzas de plata en los primeros cinco años.

En la legislatura chubutense, en tanto, el peronismo se negó a debatir una moción del bloque UCR para prorrogar la suspensión de toda actividad minera en el oeste de la provincia por otros 36 meses, o sea hasta julio del 2012. Habrá que ver qué sucede después del 28 de julio, cuando se reanuden las sesiones. No vaya a ocurrir con Das Neves, que ya se lanzó como candidato a presidente para 2011, lo que le pasó José Luis Gioja, gobernador de San Juan, que después termine dependiendo de los ingresos de esa actividad contaminante.

En la oposición temen que Chubut siga ese camino, teniendo en cuenta que antes de que terminara el contrato vigente, Das Neves renovó a Pan American Energy el permiso para la explotación petrolera por 30 años.

Yo me pregunto: ¿de qué forma podemos defendernos cuando los políticos deciden sobre los recursos naturales?
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Minera Barrick recibirá en agosto permisos clave para Pascua Lama

Cerrando las puertas abiertas de Pascua Lama. De los dos pendientes, uno fue aprobado este mes y es para la construcción de un modelo hidrogeológico que predice el comportamiento futuro de los recursos hídricos. El segundo: la construcción de dos piscinas de almacenamiento de aguas.

Fuente: diario El Mercurio
Chile – 24/07/09. Posiblemente en septiembre, si no antes, "se construye Pascua Lama". Esas fueron las declaraciones que hizo el pasado 7 de mayo el presidente ejecutivo de la canadiense Barrick Gold, Aaron Regent, tras recibir las últimas aprobaciones tributarias y transfronterizas de las autoridades de Chile y Argentina.

Menos de una semana después, el 12 del mismo mes, Rodrigo Weisner, director general de Aguas, aclaró que todavía quedaban pendientes algunos permisos que impedían la construcción.

Pero el asunto se zanja definitivamente en agosto.

Según Weisner, "de los dos permisos pendientes que le quedaban a Pascua Lama, uno salió durante los primeros días de julio, y el otro estará listo en la primera quincena de agosto, lo más probable, en la segunda semana".

Cuando la Dirección General de Aguas salió al paso de las afirmaciones de la minera, en cuanto a que Barrick no contaba con todos los permisos necesarios para iniciar la construcción, se refería a dos en particular.

El primero -que fue aprobado este mes- es para la construcción de un modelo hidrogeológico que predice el comportamiento futuro de los recursos hídricos. El segundo: la construcción de dos piscinas de almacenamiento de aguas.

El megaproyecto aurífero binacional estaría listo en 2012, y tendrá un costo de inversión cercano a US$ 3 mil millones.

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