La falta de una política ambiental perjudica al ambiente




Por: Cristian Frers

La conservación del ambiente constituye, hoy en día, uno de los grandes retos para las más altas esferas políticas y económicas en todo el mundo.
Los problemas ambientales, entre ellos los cambios climáticos mundiales, el agotamiento de la capa de ozono, la contaminación del aire y los océanos, y la degradación de los recursos -agravados por el crecimiento demográfico mundial- no respetan fronteras y ponen en peligro la salud, la prosperidad y los empleos en varias partes del planeta.
No bastaran los esfuerzos para promover la democracia, el libre comercio y la estabilidad en el mundo si la gente carece de un ambiente donde pueda vivir. Esta preocupación ha superado el concepto de moda para pasar a ser un elemento imprescindible en cualquier actividad económica, en los medios de comunicación, en el conjunto de la sociedad con especial incidencia en los responsables políticos y en la adopción de cualquier iniciativa legislativa que tenga consecuencias para el medio ambiente.
La política ambiental es la preocupación y desarrollo de objetivos con fines para mejorar el ambiente, conservar los principios naturales de la vida humana y fomentar un desarrollo sustentable.
El factor local se ha constituido en un elemento clave en el tratamiento de la problemática ambiental y la implementación de políticas públicas que la tienen como eje. Es al gobierno local a quien corresponde, en primer término, atender los asuntos que afectan e interesan directa y personalmente a la gente en la realización de su vida cotidiana, porque es el que está más cerca, el que tiene al alcance de la mano, el que está en condiciones de conocer en forma personal y de relacionarse con sus actores sin intermediarios.
La política ambiental debe materializarse en un contexto regional heterogéneo marcado por una gran diversidad de ámbitos ecológicos, vocaciones productivas, estructuras sociales y niveles de desarrollo. Por esta razón, las autoridades y comunidades de cada una de las areas locales deben asumir la decisión de elaborar la respectiva política ambiental que precise los diagnósticos, desafíos y tareas que deberan abordarse en cada uno de los lugares en que ella regirá. La elaboración de una política ambiental regional satisface importantes necesidades para todos los sectores de la vida local.
Cada región muestra una realidad ambiental específica, en sus recursos naturales y potenciales, en la diversidad y magnitud de los problemas que debe enfrentar, en las capacidades y compromisos de sus instituciones y en la población, entre otras. Asimismo, la política obliga a cada comunidad regional a revisar sus desafíos futuros y priorizarlos, establecer plazos para su cumplimiento, definir los recursos necesarios y las responsabilidades que corresponden a cada actor y sector regional -público, privado, académico, gremios, organizaciones de base y los ciudadanos en general.
Los conceptos de gobernabilidad e institucionalidad son fundamentales para la construcción de una política ambiental sustentable.
A pesar de las múltiples reformas económicas implantadas en la región en los últimos años, América Latina aún tiene que encontrar el camino hacia formas de progreso que podamos sostener y que satisfagan las necesidades de su gente, sus empresas y sus gobiernos a través del tiempo. La competitividad y la eficiencia son elementos clave en una economía mundial en integración. El crecimiento económico no es sostenible sin progreso social y protección ambiental. Es necesario mejorar la educación en todos los niveles, promover la actividad de la pequeña empresa, así como nuevos y más eficientes esquemas de atención a la salud y seguridad social.
El diseño e implementación de una política ambiental en los países actualmente en proceso de desarrollo, se erige como una condicionante importante para lograr la equidad, el desarrollo económico e indiscutiblemente, el cuidado del medio ambiente. Dicha política ambiental deberá reunir características de estabilidad a través del tiempo; consistencia con el desempeño institucional y general; y de consideración de las capacidades de liderazgo público y privado, así como de las condiciones económicas, políticas y sociales nacionales. Aún más, el éxito de la gestión ambiental deberá fundarse en una clara definición de objetivos y prioridades que, además de ser congruentes con las necesidades reales de la sociedad, sean cuantificables y evaluables.
Hace mucho que Argentina carece de política ambiental. En todos los conflictos de raíz ambiental por los que hemos transitado en los últimos años lo más notable ha sido el absoluto silencio de las autoridades ambientales. Silencio que hace creer que no tenemos una oficina que se ocupe del tema.
La evolución de la política ambiental en la Argentina demuestra que uno de los principales obstáculos con que ella se enfrenta radica en la ausencia de un definido marco de distribución y coordinación de competencias entre la Nación y las provincias, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la formulación de las políticas y la aplicación de la legislación ambiental.
El escenario institucional ambiental de nuestro país comprende una serie de reparticiones nacionales, provinciales y locales, con competencias atomizadas, fragmentadas, que en muchos casos se superponen y hasta se contradicen. Esto genera un alto nivel de incertidumbre al momento de formular la política y, especialmente, al momento de aplicarla, lo cual impacta tanto en la calidad de nuestro ambiente como en la dinámica de la economía.
La agenda ambiental argentina está completamente olvidada, así que va haber desafíos y cuestiones que resolver por todos los frentes. Cuestiones que nunca han sido encaradas con seriedad, más allá de la sobreactuación y los gestos vacíos para la tribuna de los gobiernos de turno.
Es imprescindible trazar una red de observación adecuada, para monitorear el conjunto de indicadores requeridos y, con base a ello, precisar una estrategia integral de cuidado del medio ambiente. Es de esperar que se tome la decisión política de darle, por fin, un trato prioritario a la problemática ambiental.
Las políticas y acciones en materia de ambiente y recursos naturales se sustentarán en nuevos esquemas de corresponsabilidad y participación social, mejorando la información a la sociedad y fortaleciendo las actuales formas de corresponsabilidad ciudadana en la política pública.
El éxito de estas estrategias dependerá de la conformación de una cultura de prevención, aprovechamiento sustentable de nuestros recursos y mejoramiento de la calidad de vida, planteada como una de las principales tareas compartidas entre Estado y sociedad, donde se privilegien la educación, la capacitación y la comunicación.

–Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social- E-mail: cristianfrers@hotmail.com

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