CHILE: PATAGONIA SIN REPRESAS: La voz de la ciudadanía se alza por doquier






Director del Servicio de Evaluación Ambiental de Aysén renuncia aduciendo motivos personales

El director ejecutivo del SEA, Ignacio Toro, aceptó la decisión de Eduardo Lagos Reyes y anunció el inicio del proceso para designar en el menor plazo posible a quien será su sucesor.
por Gabriel Angulo C.
El director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Aysén, Eduardo Lagos Reyes, presentó pasadas las 17:00 de este miércoles  su renuncia al cargo, argumentando motivos personales. Su decisión se da justo en el período en que el proyecto HidroAysén se encuentra en la última fase de análisis por parte de las autoridades ambientales de la Región, entre las cuales estaba Lagos Reyes. El 17 de mayo es la fecha tope para que se vote si se aprueba o no la construcción de represas en Aysén. Sin entrar en detalles respecto a los alcances que podría tener en la votación la salida de una autoridad que debía dar su opinión técnica, el director ejecutivo del SEA, Ignacio Toro, aceptó la decisión del directivo. Se informó que la entidad inició de inmediato el proceso para designar en el menor plazo posible a un nuevo director regional. Además, se indicó que los distintos proyectos que están siendo sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en la Undécima Región, continuarán sus respectivas evaluaciones sujetos a las normas y plazos dispuestos por la legislación ambiental vigente.

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Obispo Infanti solicitó a junta de accionista de Colbún suspender el proyecto HidroAysén


Coyhaique-. Mientras en 16 ciudades de todo el país, cuidadanos/as de distintas edades y sectores decían no a la construcción de las represas en la región de Aysén en una manifestación ciudadana denominada “Alerta Mundial, Patagonia en Peligro”, en Santiago el Obispo de Aysén Luis Infanti de la Mora hacía lo propio, interviniendo en la Junta de Accionistas de la Empresa Colbún, sostenida la tarde de este martes. Tras su intervención en la Asamblea de Colbún, radio Santa María pudo entrevistar telefónicamente al prelado, quién precisó que el motivo de su presencia en la mencionada junta respondía a solicitar a la empresa que suspendan la realización del Proyecto Hidroaysen en la Patagonia. En su discurso ante el directorio de Colbún, Monseñor Luis Infanti planteó que “lo que se haga con y en la Patagonia no es un tema local, tiene alcances y repercusiones planetarias”. Asimismo crítico la inadecuada, injusta y discriminatoria legislación ambiental existente en el país, y en este sentido increpó a las empresas nacionales e transnacionales señalando que éstas “no pueden ni deben aprovecharse de esta situación para considerar la tierra, las aguas y los bienes con que Dios ha bendecido abundantemente a Chile, para hacerlos un botín de negocios particulares, pasando por encima del bien común”. Junto con pedir a Colbún la suspensión del proyecto HidroAysén, Infanti de la Mora demandó que la empresa participe activamente en la elaboración de una política energética de Estado, y que favorezca, facilite y promueva un proceso para que se termine el actual sistema de privatización y mercantilización del agua en Chile. Tiempo atrás surgieron cuestionamientos en torno a que el Vicariato Apostólico de Aysén poseyera acciones de la empresa Colbún. Al respecto, el prelado informó que la Iglesia local posee 579 acciones de la compañía -que son un número bastante menor- cuestión que le permite ingresar como socio en este tipo de instancias empresariales para dar su opinión desde la ética. El Obispo de Aysén concluyó su discurso ante medio centenar de accionistas y el directorio de Colbún, expresando su confianza de que la empresa “asumirá la gran responsabilidad ética, política, económica, tecnológica, ecológica, humana y moral para desarrollar una energía limpia y sustentable en Chile, sin meter las manos en la Patagonia, y sin alterar la paz social”.

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Artistas chilenos envían carta al Presidente Piñera instándole a rechazar proyecto HidroAysén

Santiago-. Alrededor de cincuenta artistas y destacadas personalidades del ámbito de la cultura del país enviaron este lunes 25 de abril una carta al Presidente de la República, Sebastián Píñera instándole a no destruir la Patagonia con un proyecto privado como HidroAysén. La actriz Vane Miller entregó la misiva en La Moneda, esperando obtener una pronta respuesta del Primer Mandatario. La lista de firmantes está encabezada por Leonor Varela, Santiago Cabrera, Angélica Castro, Cristián de la Fuente, Jorge Olguín, Beto Cuevas, María Gracia Subercaseaux, Jordi Castell, Joe Vasconcellos, Francisca Valenzuela y Ángelo Pierattini, entre otros. También por músicos patagones como Los Vásquez, Alonso Núñez, Richard Sepúlveda, José Aguilar, Mario Burgos, Nicasio Luna y Andrés Olivos de Difuntos Correa. Al respecto Leonor Varela expresó “es nuestro deseo común, como ciudadanos chilenos, ver nuestro país prosperar. Lo vamos a lograr a través del crecimiento económico, pero este no significa nada, si no se hace de la mano de la conservación de nuestras riquezas naturales. ¿Qué legado le vamos a dejar a las generaciones futuras…?”. La actriz le hizo un llamado directo al Presidente “por eso, es nuestro anhelo ver las ERNC tomar un lugar más protagónico en la matriz energética, y así mismo  descentralizar la producción de energía. Más independencia, más estabilidad energética y más amor y cuidado para nuestra tierra por favor Presidente Piñera. Sabemos que Ud. comparte en su corazón estos valores. Esperamos que los pueda aplicar a su gobierno actual. Por eso le rogamos no destruir de modo irreversible nuestra Patagonia”. La carta se suma a otra recientemente enviada por el fiscal del Natural Resources Defense Council (NRDC), Robert Kennedy Jr. al Presidente Piñera en que le solicita a proteger la Patagonia chilena ante el mayor proyecto hidroeléctrico en la historia de Chile, HidroAysén, que se encuentra a la espera del decisivo pronunciamiento de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) en las próximas semanas.

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Ya son 16 las organizaciones que están solicitando al Gobierno estudio externo sobre HidroAysén

· Les preocupa que Estudio de Impacto Ambiental de la empresa no se haga cargo de externalidades negativas. · La Intendenta Pilar Cuevas ha recibido durante el último mes la petición de mútiples entidades, aludiendo a que en otras ocasiones el Estado ha accedido a tal solicitud para generar mejor información para la ciudadanía y que en las actuales condiciones no está claro si el proyecto se hace cargo de todos los impactos a nivel regional. Coyhaique-. Antonio Horvath Gutiérrez, hijo del senador por Aysén, informó que la Fundación Aysén Futuro hizo su propia petición al Gobierno Regional con el fin de que contrate un estudio externo que permita tener toda la información respecto de los impactos que tendría en la economía, medioambiente y sociedad regional la eventual construcción de 5 represas en los ríos Baker y Pascua, y su tendido eléctrico asociado.  Adhirió así la institución a similares solicitudes que desde hace varias semanas han realizado varias organizaciones de la austral región. Horvath Gutiérrez, quien preside la fundación, señaló a la prensa que “estimamos que tenemos derecho a conocer la mayor cantidad de antecedentes posibles para tomar esta decisión, que es quizás la más importante hasta ahora en nuestra historia”.  En su opinión, similar a la que han manifestado 15 entidades regionales de distinto tipo, el estudio debiera considerar su relación con la Estrategia de Desarrollo Regional validada por la comunidad, los instrumentos de planificación participativos e incluso “la puesta en marcha de otros proyectos hidroeléctricos, como Energía Austral, que provocarían un impacto conjunto”. De esta forma la Fundación Aysén Futuro se suma a la Multigremial que en una presentación hecha el jueves pasado ante la máxima autoridad regional solicitó “iniciar a la brevedad una evaluación económico-social de los proyectos, por una institución calificada, ello incluyendo el tendido eléctrico, puesto que la evaluación ambiental no es suficiente al omitir muchas variables económicas y sociales”.   Esta agrupación empresarial representa a los principales sectores económicos de la zona, como son el capítulo regional de SalmonChile, Ogana (ganaderos), Arfoaysén (forestales), y las cámaras de la Construcción, Comercio y Turismo.  Argumentaron que esto se ha hecho en ocasiones anteriores, como el caso de las termoeléctricas Cruz Grande, Barrancones y Farellones en la Región de Coquimbo en 2008 cuando la Comisión Nacional de Energía mandató a la Universidad Católica del Norte realizar el estudio “Análisis de los Potenciales Efectos Ambientales de la Operación de Proyectos Termoeléctricos en Ambientes Marinos de la Cuarta Región”. Y sin ir más lejos en la propia Región de Aysén, durante la evaluación del proyecto Alumysa a principios de la década pasada, oportunidad en que se contrató a la Universidad Católica de Chile con el mismo objetivo. Los primeros en hacer sus propias solicitudes fueron las corporaciones Costa Carrera y para el Desarrollo de Aysén, en conjunto con las municipalidades de Chile Chico y Tortel.  Posteriormente se sumaron la Agrupación de Defensores de la Cuenca del Palena, las cámaras de Turismo de La Junta y Puyuhuapi, el alcalde de Cisnes Arsenio Valdés, el Comité pro Defensa de la Fauna y Flora filial Aysén, y el Vicariato Apostólico de Aysén.  La Agrupación de Defensores del Espíritu de la Patagonia de Cochrane quiso hacer una petición similar al Presidente Sebastián Piñera durante su reciente visita a la localidad, lo cual fue impedido por la avanzada presidencial tomándose la decisión de enviar directamente la misiva a la intendenta Pilar Cuevas, lo mismo que han hecho las agrupaciones Herederos de la Patagonia de Cerro Castillo, Defensores de la Cuenca del Murta y Cultural, Turística y Ambiental de Puerto Río Tranquilo. Hace unas semanas el consejero regional René Hermosilla hizo una solicitud similar en el seno del Consejo Regional, pero por problemas de forma fue retirada esperándose que en una próxima sesión se tome un acuerdo al respecto.

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La ley del embudo

Peter Hartmann, Director Codeff Aisén, Coordinador Coalición Ciudadana por Aisén Reserva de Vida

Este lunes 25 vencía el plazo que se dio para su labor el Comité Técnico Revisor de la 3ª adenda del estudio de evaluación de impactos ambientales, EIA, del proyecto HidroAysén. Ahora es la Comisión Evaluadora compuesta por la Intendente, diez seremis y el Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, quienes deben tomar una decisión, para lo cual les restan 14 días de plazo legal. Decisión que sin lugar a dudas puede ser trascendental para el futuro de Aisén. De ahí el llamado a la conciencia que les hacemos.
Algún integrante de esa comisión, sintiéndose presionado en su trabajo público, justifica que su actuar es en cumplimiento de la legalidad vigente. Igual ocurre con algunos personeros del mundo político, quienes para no aparecer abiertamente a favor de dicho megaproyecto, argumentan cínicamente que si se cumple con la ley, debe ser aprobado. Y por supuesto, la empresa argumenta que actúa al amparo de la legislación vigente. Esta claro que ellos implícitamente se refieren a la ley del mas poderoso y olvidan olímpicamente hasta cuando esta en juego el derecho humano al agua en la segunda cuenca en tamaño del país. El problema es que las leyes que no son reconocidas o no tienen respaldo ciudadano terminan siendo ilegítimas. Y tal vez dicha ley hasta puede ser relativamente buena, pero cuando se mal usa, termina por deslegitimarse. La verdad es que la actual institucionalidad ambiental definitivamente se ha desacreditado. Es cosa de preguntar a un curso de colegio de educación media coyhaiquino, como lo hemos hecho nosotros, si creen o confían en dicha institucionalidad y resulta que ni uno solo de los 35 a 40 jóvenes presentes  responde afirmativamente. En otras palabras, argumentar y justificarse en una legislación e institucionalidad que no tiene respaldo político ciudadano, es un acto políticamente bastante suicida. Igual que ignorar la creciente desaprobación de ahora 61,1% de los chilenos a las represas en la Patagonia. En el caso del actuar de Endesa en Aisén, y luego lo que ha ido aconteciendo con el EIA de HidroAysén, la institucionalidad ambiental, y no solo esta, se ha continuado desacreditando, tanto por su asimetría en plazos y derechos entre empresa, servicios revisores y ciudadanía afectada, como por su proceso poco ambiental plagado de notables irregularidades. Cabe recordar que ya antes de la existencia de dicho EIA nos encontramos con numerosas “irregularidades”, como contratistas operando sin autorización en predios particulares, fiscales e incluso un parque nacional y sin cumplir regulaciones que a otros chilenos si se le exige. A eso se suman actos de cuestionable legalidad como la usurpación de propiedad a que nos referimos en la columna de la semana pasada. Desde aquel entonces, el derecho constitucional de igualdad ante la ley, ha demostrado, nuevamente, que en Chile hay algunos “más iguales” que otros. Desde ese entonces también, prevaleció la “neutralidad” del gobierno, la cual evidentemente favorece al mas fuerte, dejando en el desamparo a los afectados. Tal “neutralidad” hasta se aprecia de parte de empresas del Estado como el Metro de Santiago, que se negó a publicar publicidad Patagonia sin Represas e incluso inocentes afiches Patagonia Patrimonio de la Humanidad, pero no se hace problema en poner los engañosos avisos de HidroAysén.
Volviendo al pésimo EIA de HidroAysén, megaproyecto (compuesto por 14 proyectos en uno), la institucionalidad debió enfrentarlo sin siquiera recurrir a asesoría externa como solía hacerlo. Igual recibió el record nacional de más de 3 mil observaciones de los servicios revisores. En aquella ocasión más de un tercio de ellos solicitaron el rechazo por falta de información relevante y esencial y por transgredir la normativa ambiental, porque el EIA carece de contenidos mínimos que exige la ley para evaluar sus impactos. Sin embargo gracias a San Edmundo P.Y. y su monaguillo Selim C. el proceso siguió adelante como si nada. En las observaciones a la primera adenda ocurrió algo parecido y desde entonces tenemos que los arreglos y presiones desde arriba continuaron allanando el camino “legal” a este proyecto. Al punto de ser eliminadas  numerosas e importantes observaciones del informe respectivo y de permitir una represa y su embalse dentro de un parque nacional – Reserva de la Biósfera, cuya compensación prometida sigue aun pendiente. Además, de incumplir el Tratado Ambiental con Argentina y su Protocolo de Recursos Hídricos y de hacer tabla rasa del ordenamiento territorial y estrategia de desarrollo regional y de no contar con, ni regularizar, los derechos de agua que requieren para el proyecto (cantidad de agua adicional solicitada que por lo demás no existe). Para que hablar de que ese megaproyecto no cuenta con línea de transmisión para entregar su energía; de esa forma es como un electrodoméstico sin cable ni enchufe. Ni de “compensaciones” y “beneficios” que se entregan y prometen fuera del sistema de evaluación. ¿Hay acaso algún compromiso escrito de la famosa energía barata y se sabe que tan barata sería ? Así tenemos, que recién en el tercer adenda a dos años y medio de entregado el EIA, aparece algo así como un plan de reasentamiento de a quienes se pretende inundar, mas una oferta incompleta de como enfrentar el daño que le provocarían al turismo, y hasta algunos sitios arqueológicos de los que se suponía no existía en el área. También se puede apreciar en ese adenda como el embalse de Baker 1 afecta al salto de la confluencia Nef, el que juraron no irían a tocar. ¿Es esa la calidad y seriedad de un estudio que deja para el final y le sustrae aspectos de esa importancia a la participación ciudadana? ¿Es esa la importancia que tienen los afectados directos para esa empresa y para los evaluadores? Es mas, a propósito de legalidad, cuando ésta les complica demasiado o algún servicio público se pone demasiado estricto; pues lo que hacen es cambiarla, adaptándola a sus fines, como ha estado ocurriendo con normativas de derechos de agua y con la ley del bosque nativo y la ley eléctrica para poder pasar su línea de alta tensión sin complicaciones por medio Chile.

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Esto, en alusión a esta crónica de El Mercurio:

http://www.emol.com/noticias/economia/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=478774

 
Declaración pública coalición ciudadana aysén reserva de vida
 
Ante las expresiones hechas por el gerente de operaciones de HidroAysén, Michel Moure, nos vemos en la obligación de emitir la siguiente declaración pública:
·       Condenamos, como todos, la situación que se ha informado vivió una trabajadora de la empresa.  Solidarizamos con ella y expresamos que no compartimos la violencia como herramienta bajo ninguna circunstancia ni con ninguna motivación.
·       Sin embargo, creemos que no se deben sacar conclusiones apresuradas.  Hacemos un llamado a que se investigue a fondo esta situación, ya que así como hay quienes podrían pensar que los autores serían simpatizantes del movimiento ciudadano Patagonia sin Represas, equivocando el camino para lograr una Región de Aysén equitativa, sustentable y justa, también sería posible estimar que se trate de una acción que buscaría enturbiar el legítimo movimiento ciudadano que ha aglutinado a distintos sectores sociales, ambientales y productivos de la Región de Aysén, e incluso que sea llevada adelante con otros fines aún desconocidos.
·       Las actuaciones de Patagonia sin Represas y sus dirigentes son públicas, a cara descubierta, porque no tenemos nada que temer de lo que realizamos, como actos válidos, en los cuales sí creemos en la no violencia activa, pero nunca, y esto lo aseguramos con fuerza, la violencia como recurso.  Asimismo, debemos reiterar una vez más que la información que hemos entregado sobre autoridades de decisión ambiental no ha sido nunca personal ni confidencial sino siempre institucional y pública, como legítimo y legal derecho de motivación a la participación y el control ciudadano, sin incluir por parte del movimiento amenaza alguna.
·       Es preciso agregar que el clima de polarización tampoco puede atribuirse livianamente a un movimiento ciudadano que ha logrado un 61,1 % de adhesión nacional, ya que como habitantes de Aysén hemos vivido en carne propia las acciones ilegales e ilegítimas que las trasnacionales Endesa e HidroAysén han ejecutado desde hace ya varios años, en el ámbito privado y del sector público, en nuestra región.   Incluso su campaña comunicacional del terror y chantaje sobre las necesidades energéticas del país aportó a esta situación.
·       Junto a esto, queremos informar se han presentado en el día de ayer, ante el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas de Chile y el Consejo de Ética de la Federación de Medios de Comunicación sendas denuncias en contra del diario El Mercurio y sus periodistas por el proceso de criminalización del movimiento social iniciado la semana pasada con tendeciosas notas de prensa.
·       El argumento central de esta declaración pública es sólo uno, como se planteara visiblemente en manifestación nacional del martes 26 de abril, en 16 ciudades de Chile, con miles de compatriotas que salieron a la calle pacíficamente para expresar que no quieren represas en la Patagonia:  “El 61,1 % no somos terroristas”.  Y agregamos, somos chilenos que amamos nuestro país: nuestra gente, nuestra tierra y nuestras aguas.  Y nuestra paz.
 
 
Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida / Peter Hartmann Samhaber / Patricio Segura Ortiz
Así es que, cuando nos vengan a argumentar y justificarse con la legalidad vigente, vale asegurarse a cual lado del embudo de esa legalidad se refieren. Y es por eso, que preferimos apelar a la conciencia ética e inteligencia política de nuestros gobernantes y que se acuerden también del otro lado del embudo.

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