lunes, 30 de abril de 2012

¿Qué es la Revolución Integral?





Decresita

Definiremos la Revolución Integral como el proceso histórico que implica una toma de conciencia tanto a nivel individual como colectivo para una transformación de las estructuras políticas, económicas, sociales, culturales… que sustentan el actual marco de relaciones que configuran la realidad.

Esta transformación requiere de un proyecto de decrecimiento, un cambio de valores, una verdadera deconstrucción del pensamiento económico, poniendo en cuestión las nociones como crecimiento, desarrollo, progreso, pobreza, necesidades, ayuda... La economía como medio para la vida humana y no como fin.

Ha de estar basado en tres pilares: 

La sencillez voluntaria

Redescubrir la riqueza en el florecimiento de las relaciones sociales de convivencia, en la frugalidad, la sobriedad, la simplicidad, la sencillez, es decir con cierta mesura de consumo material; pero sin limitaciones en el consumo de sentimientos y vida alegre.

La autogestión colectiva

Mediante el desarrollo de iniciativas de organización colectiva a nivel local como las ciudades de transición, las cooperativas integrales, el movimiento lento, la permacultura, el desarrollo de la soberanía alimentaria y la agroecología, las ecoaldeas, los bancos de tierras, la okupación y recuperación de edificios y viviendas vacíos, la banca ética, los movimientos de lucha contra las grandes obras, el sindicalismo autogestionario y los modelos de reparto de trabajo, las iniciativas de renta básica y techo de ingresos, los grupos de insolventes, el uso del transporte colectivo compartido, la repoblación rural y el reparto de tierras, la relocalización agraria, la autoconstrucción ecológica y la arquitectura sostenible, huertos comunitarios, las asociaciones de salud integral, parto, lactancia y crianza natural, las comunidades de conocimiento libre, prensa libre, educación libre, comunidad libre, las redes de trueque, bancos de horas, mercados locales, los movimientos de desobediencia fiscal y desobediencia civil, las cooperativas autogestionadas de producción y consumo, de energías renovables, las redes de intercambio, las monedas sociales…

Formas de vida alternativa que en época de crisis puede ser una posibilidad de supervivencia. Y la base territorial y energética para otro modelo social.

La creación de un proyecto de acción política

Un proyecto de noviolencia, voluntario, de emancipación ideológica y superación de la idea de progreso, que pone en valor los bienes comunes y relacionales, de los cuidados, de la cooperación, reciprocidad, mutualidad y multiculturalidad; asumiendo los límites biofísicos de la Tierra, disminuyendo los flujos de energía y materia utilizados en los procesos productivos y ciclos de consumo.

La Revolución Integral como la construcción de formas de vida que tienen como sustrato el cuidado colectivo, una revolución civilizadora que reconozca que las personas somos seres vulnerables e interdependientes.

Ilustraciones:- derzen.blogspot.com - argosdeibarra.blogspot.com

La ONU, “atrapada por grandes corporaciones y grupos de presión empresarial”



Organizaciones de la sociedad civil alertan en vísperas de Rio 2012
Social Watch

En vísperas de Rio 2012, organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo alertan contra “la creciente influencia de grandes corporaciones y grupos de presión empresarial” dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Estas preocupaciones fueron evidentes en la XIII sesión de la UNCTAD en Doha: países ricos pretenden minimizar las potestades de esa agencia, cuyos informes han criticado consistentemente las políticas de desregulación, liberalización y privatización que benefician al sector privado.

“El preámbulo de la Carta de la ONU comienza con las palabras ‘Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas…’. Hoy, sin embargo, los intereses corporativos tienen creciente prioridad sobre los intereses de los pueblos en algunos procesos e instituciones de la ONU. Las empresas han ganado enorme influencia sobre sus decisiones”, reza una declaración lanzada esta semana por varias organizaciones internacionales no gubernamentales.
Los firmantes iniciales del texto son Amigos de la Tierra Internacional, The text was initially signed by Friends of the Earth International, Corporate Europe Observatory, La Via Campesina, Jubilee South/Americas, el Servicio Paz y Justicia de América Latina (SERPAJ), el Instituto Polaris, The Council of Canadians, The Transnational Institute, la Red del Tercer Mundo (TWN) y World March of Women. Estas organizaciones pidieron a otras adherer a la declaración, en el entendimiento de que “la ONU es actualmente la institución global más democrática y adecuada para las negociaciones internacionales”.
“La presión corporativa en las negociaciones dentro de la ONU logró bloquear soluciones efectivas a problemas relacionados con el cambio climático, la producción de alimentos, la violación de derechos humanos, el abastecimiento de agua, la salud, la pobreza y la deforestación”, agrega la declaración, titulada “Acabar con la conquista corporativa de las Naciones Unidas”, que demanda “un mayor fortalecimiento de las instituciones y procesos multilaterales en el marco de la ONU, haciéndolos más democráticos y sensibles a las necesidades de la gente”.
“No es necesario preguntarse quién está a cargo por estos días. Los gobiernos no consultan más a las empresas: las empresas consultan a los gobiernos”, de acuerdo con las organizaciones firmantes. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (Rio2012) a celebrarse en junio en Brasil “debería aprovecharse como oportunidad para […] terminar con las discutibles alianzas de empresas con la ONU”, con “el acceso privilegiado que se le garantizó al sector corporativo y la consecuente influencia excesiva que se le reconoce en procesos y decisiones multilaterales”, dijeron.
La declaración destaca varias asociaciones que comprometen a agencias de la ONU, entre ellas su Fondo para la Infancia (Unicef), su Programa para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con “grandes compañías internacionales”.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) se asoció con compañías petroleras y mineras como ExxonMobil, Rio Tinto, Anglo American y Shell, “todas las cuales están involucradas en violaciones de derechos humanos y con la destrucción de biodiversidad”, según el manifiesto.
La declaración cita otros ejemplos, como alianzas entre The Coca Cola Company y el PNUD sobre protección de recursos de agua, y entre la propia Coca Cola, la compañía química BASF y ONU-HABITAT en materia de urbanización sustentable. “Estas asociaciones no solo dañan la credibilidad de la ONU. También socavan su capacidad y voluntad de cuestionar al sector empresarial y de regularlo donde esté involucrado en violaciones a los derechos sociales, ambientales y humanos”, advierte el texto.
El Pacto Mundial, definida en su página web como “plataforma global que reúne a empresas con agencias de la ONU, con trabajadores y con la sociedad civil”, les permite, según la declaración, a “notables violadores de los derechos humanos participar” en organizaciones multilaterales y les ayuda “a mejorar su imagen, en lugar de promover obligaciones que contribuyan a cambiar el comportamiento de esas compañías”.
Esta alianza, más conocida por su nombre en inglés UN Global Compact, “da la falsa impresión de que la ONU y las compañías transnacionales comparten los mismos objetivos”, advirtieron las organizaciones firmantes.
En el camino hacia Rio 2012, la asociación de la ONU con la Cámara Internacional del Comercio y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable facilitó la presión corporativa que derivó en un borrador de declaración final para la conferencia en Brasil que “refuerza el rol de las empresas como promotoras de la denominada economía verde”, pero que no “atiende el papel de las empresas en el surgimiento de las crisis financiera climática y alimentaria, entre otras”.
La declaración de la sociedad civil reclama a la ONU y a los países que la integran “resistirse a la presión corporativa para dar a las empresas una posición privilegiada en negociaciones” multilaterales y “dejar de crear nuevos cuerpos de discusión y grupos de alto nivel (y disolver los ya existentes)” que facilitan esa poderosa participación. También recomienda que “los representantes de empresas no sean parte de delegaciones nacionales” en deliberaciones de la ONU.
“La ONU debe revelar todas sus relaciones y vínculos existentes con el sector privado” y debe promover “un código de conducta” para sus funcionarios que incluya un “periodo ‘de enfriamiento’” durante el cual los que se retiran no podrán trabajar para empresas que ejercen presión en los foros internacionales, añade el texto.
El sistema de las Naciones Unidas también deberá estudiar, según las organizaciones de la sociedad civil, “los impactos de las corporaciones sobre los pueblos y el ambiente, y establecer un marco obligatorio en el cual las empresas puedan ser llamadas a responsabilidad de acuerdo con las leyes de derechos humanos y laborales y sobre asuntos ambientales”.
Mientras se conocía la declaración, transcurría esta semana en Doha, Qatar, la sesión 13 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD XIII). Allí, un grupo de economías del Norte rico compuesto por la Unión Europea, Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, Lichtenstein, Nueva Zelanda y Suiza procuraron que esa agencia de la ONU aliente a los países en desarrollo a adoptar políticas comerciales y de protección de inversiones de acuerdo con los intereses corporativos del mundo industrializado, informó la Red del Tercer Mundo (TWN).
Organizaciones de la sociedad civil que participan en las reuniones de Doha llamaron a la remoción de las limitaciones del espacio político de los países en desarrollo determinadas por acuerdos de inversión y de libre comercio, así como por condiciones que imponen donantes e instituciones financieras internacionales.
La UNCTAD fue creada para aportar análisis y asesoramiento a gobiernos en materia de desarrollo vinculado con el comercio, las finanzas y la tecnología, entre otras cuestiones. Los análisis producidos por la agencia han identificado consistentemente, a lo largo de los años, la liberalización y desregulación de mercados y sistemas financieros como factores perjudiciales a los que luego atribuyeron la actual crisis económica.
Social Watch  www.socialwatch.org
Fuentes: Petición “Acabar con la conquista corporativa de la ONU”, en inglés: http://bit.ly/I42IOu- Declaración de la sociedad civil, en ingles y en formato PDF: http://bit.ly/IQUMwZ
Foro de la Sociedad Civil de UNCTAD XIII: http://bit.ly/JcW2rH - Ilustraciones: matrizur.org - ciaramc.org

La tragedia de Chernóbil continúa 26 años después



Comienza la construcción de un nuevo sarcófago para la central que protagonizó la mayor catástrofe nuclear de la historia
PÚBLICO.ES/EFE 

La central nuclear de Chernóbil, escenario de la mayor catástrofe atómica de la historia, sigue constituyendo un grave problema 26 años después. El sarcófago construido tras la catástrofe por cientos de 'liquidadores', que sufrieron graves secuelas por su trabajo no ha aguantado el paso del tiempo y, lleno de grietas, deja escapar la radioactividad. 
En estos días, en el aniversario del suceso, Ucrania ha comenzado a construir un nuevo sarcófago que debe garantizar la seguridad durante el próximo siglo. El cuarto reactor de la central será cubierto por un nuevo sarcófago gracias a la ayuda de 21 países donantes.
"En nombre de Ucrania expreso mi profundo agradecimiento a todos los países donantes por su comprensión y su respaldo a Ucrania para superar la mayor catástrofe de la historia de humanidad", afirmó Víctor Yanukóvich, presidente de Ucrania. Yanukóvich y los representantes de los 21 países donantes se desplazaron hoy a las inmediaciones de la fatídica planta con ocasión del 26 aniversario del accidente para poner la primera piedra del proyecto, a 180 metros del cuarto reactor.
"Chernóbil sigue siendo una tragedia y aún se deja sentir. Por eso, no dejamos de preocuparnos de la seguridad del sarcófago sobre el destruido cuarto reactor", reza el mensaje a la población dirigido por el Presidente ucraniano.
Las obras de construcción del mecanismo que debe garantizar la seguridad del reactor durante el próximo siglo se prolongarán hasta 2015, aseguró Víctor Baloga, titular de Emergencias.
Sarcófago de 40.000 metros cuadrados

Con todo, el actual sarcófago no será desmantelado por el momento por motivos de seguridad, ya que existe el temor de que se produzcan fugas.
En septiembre de 2007, el consorcio francés Novarka firmó un contrato para construir la obra tras ganar el concurso internacional convocado por Kiev, aunque su comienzo se demoró durante varios años debido a la falta de fondos.
Por el momento el actual sarcófago no será desmantelado por motivos de seguridad
El nuevo sarcófago será de metal, tendrá forma de arco, una longitud de 257 metros, una anchura de 150 y una altura de 108. Las autoridades han habilitado y desactivado una zona a unos 180 metros de la central para construir el arco, que después será empujado sobre unos rieles hasta situarlo justo encima del bloque que cubre actualmente el cuarto reactor.
El arco tendrá una superficie de cerca de 40.000 metros cuadrados, similar a cuatro campos de fútbol, y albergará equipos especiales para la retirada del combustible nuclear y su almacenamiento seguro.
2,2 millones de víctimas

Chernóbil, en cuya zona de exclusión de 30 kilómetros los niveles de radiación aún son varias veces superiores a los permitidos, fue clausurada en el año 2000, pero aún acoge combustible nuclear, por lo que los ecologistas todavía la consideran una amenaza latente.
Las autoridades ucranianas advierten de que los reactores uno, dos y tres de la central aún contienen combustible nuclear, por lo que el peligro de radiación está muy presente.
La radiación continúa afectando a miles de habitantes de Bielorrusia, Ucrania y Rusia
Según evaluaciones oficiales, la explosión ocurrida en la madrugada del 26 de abril de 1986 en el cuarto reactor de la central de Chernóbil esparció hasta 200 toneladas de material con una radiactividad de 50 millones de curies, equivalente a 500 bombas atómicas como la lanzada en Hiroshima.
La radiación continúa afectando a miles de habitantes de Bielorrusia, Ucrania y Rusia, donde se halla el 70 % de los casi 200.000 kilómetros cuadrados de terrenos contaminados.
Hasta el momento, unos 2,2 millones de personas en Ucrania han recibido el estatus de víctimas de Chernóbil y se estima que ha costado más de 280.000 millones de euros.
Fotos: ntn24.com - publico.es

Bolivia: caso TIPNIS




TIPNIS es el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure. Como Territorio Indígena y como Parque Nacional, ambas cosasdesde antes de la actual Constitución, de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, éste tiene contraída una obligación redoblada de protección del área, redoblada por territorio indígena y por parque nacional, valga la insistencia.

TIPNIS es el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, símbolo hoy de las contradicciones entre orden constitucional y políticas públicas en Bolivia. Como lo uno y como lo otro, como Territorio Indígena y como Parque Nacional, ambas cosas desde antes de la actual Constitución, de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, éste tiene contraída una obligación redoblada de protección del área, redoblada por territorio indígena y por parque nacional, valga la insistencia. La actual Constitución ha añadido o, mejor dicho, antepuesto el reconocimiento, por título expresamente superior a ella misma, del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas que se ejerce a través de la autonomía, razón por la cual la misma responsabilidad de la referida protección ha de recaer jurídicamente, si se guarda consecuencia con tal reconocimiento, en los pueblos originarios del TIPNIS antes que en el propio Estado.
Tras la Constitución se han sucedido normas y políticas contradictorias en relación específica al caso. Voy a centrarme en su aspecto normativo, aunque las mismas contradicciones entre normas postconstitucionales harán necesaria más de una referencia a un contexto político que resulta bien determinante.
Aunque hayamos luego de referirnos a determinaciones anteriores, comencemos por la Ley de Protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure–TIPNIS, Ley 180, de 24 de octubre de 2011, en cuyo primer pronunciamiento “se declara al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure–TIPNIS patrimonio sociocultural y natural, zona de preservación ecológica, reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas Chiman, Yuracaré y Mojeño-trinitario cuya protección y conservación son de interés primordial del Estado Plurinacional de Bolivia” (art. 1.I).
Estos términos de protección y conservación se refuerzan. Tras ratificarse el “carácter indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y como área protegida de interés nacional” del TIPNIS (art. 1.II), se agrega algo en términos que destacan su novedad: “Asimismo, adicionalmente se declara al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure–TIPNIS como zona intangible” (art. 1.III). La doble condición se hace valer: “Teniendo el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure–TIPNIS, además de la categoría de territorio indígena, la categoría de área protegida, se constituye, en garantía de conservación, sostenibilidad e integridad de los sistemas de vida, la funcionalidad de los ciclos ecológicos y los procesos naturales en convivencia armónica con la Madre Tierra y sus derechos” (art. 2).
La propia Ley 180 extrae consecuencias: “Dado el carácter intangible del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure–TIPNIS se deberán adoptar las medidas legales correspondientes que permitan revertir, anular o dejar sin efecto los actos que contravengan a esta naturaleza jurídica” (art. 4). Incluso especifica: “De conformidad al Artículo Primero de la presente Ley al ser declarado territorio intangible, los asentamientos y ocupaciones de hecho promovidas o protagonizadas por personas ajenas a los titulares del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure–TIPNIS, son ilegales y serán pasibles de desalojo con intervención de la fuerza pública si fuera necesario a requerimiento de autoridad administrativa o judicial competente” (art. 5). Y asciende todavía a un detalle mayor: “Se dispone que la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, como cualquier otra, no atravesará el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure–TIPNIS” (art. 3).
Una ley tan atenta con un territorio indígena concreto es extraño que no haga referencia a la consulta previa con los pueblos indígenas concernidos. Según la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (art.19), incorporada por Bolivia a su ordenamiento jurídico, el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (art. 6) y la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia (art.30.15), los pueblos indígenas tienen el derecho “a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”, dicho con el lenguaje de la Constitución, procedente en todo caso de dichos instrumentos internacionales. ¿Cómo es que, con este categórico precepto constitucional y más que constitucional, el Estado Plurinacional de Bolivia no ha procedido a la debida consulta para una ley que concierne de lleno a unos pueblos indígenas? La Ley 180 no registra su realización porque efectivamente no se efectuó.
Hay una razón que no sólo explica, sino que además legitima la Ley 180 pese a la carencia de consulta previa por parte del Estado. Con anterioridad, una serie de decisiones parlamentarias y gubernamentales habían decidido la construcción de la referida carretera entre Villa Turani y San Ignacio de Moxos. Incluso los contratos con las empresas se habían realizado y las obras, emprendido. Para ninguna de estas actuaciones el Estado había procedido a la consulta indígena. Ante tal política acumulativa de hechos consumados, los pueblos indígenas afectados recurrieron al camino del derecho. Las autoridades y las comunidades del TIPNIS, así como las organizaciones indígenas representativas, adoptan acuerdos formales contrarios a un proyecto de carretera que divide en dos el territorio. Ante la falta de respuesta del Gobierno se recurre al ejerció de las libertades de expresión y manifestación, un medio no menos jurídico e incluso constitucional. Su forma principal fue una marcha desde el TIPNIS, la llamada VIII Marcha Indígena, cuya entrada literalmente apoteósica, por el calor popular, en la ciudad sede del Gobierno, La Paz, lleva a éste a recapitular. La recapitulación se llama Ley 180. Los pueblos indígenas se habían manifestado aunque el Estado no les hubiera consultado. Aunque en derecho internacional se debata el valor vinculante de la que puede llamarse autoconsulta indígena, en este caso está claro que lo tiene desde el momento en que el Estado aceptara el resultado precisamente mediante la Ley 180. Además, en el caso, los pueblos indígenas han hecho uso del derecho a la libre determinación a través del ejercicio de autonomía, un derecho expresamente reconocido no sólo por el derecho internacional, sino también por el derecho constitucional boliviano. Como resultas de todo esto, al avenirse el Estado a la reclamación indígena, la ley 180 es producto de un acuerdo entre pueblos indígenas y Estado.
La Ley 180 ha tenido incluso una norma reglamentaria. Es el Decreto Supremo 1146, de 24 de febrero de 2012, por el cual el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, “considerando que es deber del Estado la gestión integral de las áreas protegidas y el respeto a los derechos de gestión territorial de los pueblos indígenas en las áreas de doble condición, Área Protegida–Territorio Indígenas”, decreta (art. 3) que “se garantiza el uso tradicional no comercial de los recursos naturales renovables por parte de los pueblos indígenas Yuracaré, Tsiname y Mojeño-Trinitario que lo habitan, de acuerdo con su cultura y concepción propia de desarrollo” y que “la intangibilidad se aplica a agentes internos y/o externos en virtud de la necesidad de conservar los valores naturales y culturales excepcionales y garantizar la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas dentro del TIPNIS”; en consecuencia, se prohíben “asentamientos humanos externos u ocupación ilegal de tierras al interior del TIPNIS”, “autorizar el aprovechamiento forestal maderable con fines comerciales y/o mercantiles” y “ejecutar megaproyecto, obras y actividades de gran escala que provocan y/o pudieran provocar impactos ambientales y cambios socioeconómicos y culturales negativos”, en cuya prohibición, dada el tenor de la Ley que así se reglamenta, ha de entenderse que queda comprendida la referida carretera por el corazón del TIPNIS. Para proyectos no prohibidos se establece un proceso de evaluación, así como se adoptan otras previsiones para la defensa del TIPNIS en “gestión compartida” e “integral” con los pueblos referidos, yuracaré, tsiname y mojeño-trinitario.
El Decreto Supremo 1146 prevé planes de reparación, de gestión, de prevención, de vigilancia, de sanciones, de interdicciones…, pero lo que ha venido respecto al caso específico del TIPNIS prácticamente al mismo tiempo, pocos días antes, es otra ley de tenor diverso a la 180, a la Ley de Protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure–TIPNIS. Es la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure–TIPNIS, Ley 222, de 10 de febrero de este mismo año 2012. De entrada, esta secuencia normativa puede producir extrañeza. El asunto de la consulta parecía que podía darse ya por dirimido a la vista de las razones dichas. El mismo Decreto Supremo 1146 parece darlo por hecho pues no hace referencia a ella, pese además a que es posterior, aunque sólo sea en días, a dicha otra ley, la de consulta. La nueva ley también se produce como si el reglamento de la anterior no fuera a existir. De salida, lo que la misma, la Ley 222, viene a implicar es lo que conviene ver: “La presente Ley tiene por objeto convocar al proceso de Consulta Previa Libre e Informada a los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure–TIPNIS, y establecer el contenido de este proceso y sus procedimientos (art. 1). En fin, ¿a qué viene a estas alturas la consulta mediante una ley para un caso concreto?
El objeto de la consulta lo define la Ley 222 de modo doble; de una parte, “definir si el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure–TIPNIS debe ser zona intangible o no, para viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré, así como la construcción de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos”; de otra, “establecer las medidas de salvaguarda para la protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure–TIPNIS, así como las destinadas a la prohibición y desalojo inmediato de asentamientos ilegales respetando la línea demarcatoria del TIPNIS”. Lo segundo es redundante. Lo primero es lo novedoso, tan novedoso que afecta a la línea de flotación de la Ley 180. Ahora, a estas alturas, se pone en cuestión la intangibilidad del TIPNIS para reconsiderarse la construcción de la carretera que lo atraviesa, lo que había quedado precisamente excluido por la Ley 180. Como si ésta no existiera, sin nombrarla ni siquiera, la nueva ley se ocupa del procedimiento de la consulta. De hecho, la Ley 222 sustituye a la Ley 180, pero no la deroga. La extrañeza de entrada se acentúa de salida. Al contrario de lo que es usual y de lo que no faltaba en la ley primera, la nueva ley no contiene cláusula derogatoria alguna.
Igual que ocurría con la Ley 180, la Ley 222 no puede explicarse sin una mirada al contexto. Tras la suspensión de las obras de avance de la carretera se ha producido otra movilización, en ejercicio de libertades, a la contra, esto es a favor del proyecto, incluso mediante otra marcha, con cierta participación también indígena. En el TIPNIS no sólo existen hoy las comunidades de los pueblos yuracaré, tsiname y mojeñotrinitario, pues anda en curso un proceso de colonización por población en buena parte quechua y aymara, donde arraigan intereses adversos. Son comunidades de colonos hoy llamados interculturales. Políticamente, quienes defienden el giro de la Ley 222 pretenden que responden a un impulso siempre indígena, pero el mismo no puede prestar la legitimidad que alcanzara respecto a la Ley 180. Se le deja subsistente para fagocitársele. A esto se debe que no se le derogue formalmente. La pretensión llega al punto de presentarse la ley segunda como un complemento de la primera, como su desarrollo por imperativos de participación y democracia. Por sí sola, una ley inconsulta para un caso concreto, cuando podría haberse intentando una ley general de consulta con el acuerdo incluso de comenzar aplicándosele al caso del TIPNIS, no se explica ni se justifica.
Una ley general de consulta habría impedido lo que está ocurriendo en detrimento de este mismo mecanismo. El Gobierno se ha lanzado a actuar a favor aparentemente de la consulta y sustancialmente, sin mucho disimulo, de la carretera que atraviesa el TIPNIS. Lo primero le presta la coartada de que está ahora ateniéndose a derecho internacional y constitucional garante de los derechos de los pueblos indígenas.
El Gobierno ha preparado un protocolo igualmente inconsulto y en el cual se desdibuja definitivamente algo tan esencial como el sujeto de la consulta, incluyéndose comunidades actualmente no identificadas con los pueblos originarios del TIPNIS, comunidades hoy más cercanas a las formadas por la colonización. Hay casos problemáticos desde luego, pero el problema reside en que el Estado ha acabado atribuyéndose el poder de definir la identidad indígena como si no existieran instituciones representativas indígenas. Y dígase lo propio de la misma consulta. El Estado la organiza sin la cooperación de los pueblos indígenas y se atribuye también el poder de proclamar su resultado, como si de un referéndum se tratase. Cierra el camino a cualquier posibilidad de dialéctica entre distintas propuestas consustancial a un proceso que debiera ser ajeno a la mera alternativa entre el sí y el no para poder conducir a acuerdos consensuados. Bien se dice en los artículos citados del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo y de la Declaración de las Naciones Unidas: “llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”; “obtener su consentimiento libre, previo e informado”, el de los pueblos indígenas.
La consulta está así, con todo ello, convirtiéndose a ojos vista en un mecanismo que no cumple su función esencial de garantizar los derechos de los pueblos indígenas o que incluso puede servir para conculcarlos. No es una desnaturalización exclusiva de Bolivia pues opera incluso a escala del derecho y de las políticas de las instancias y agencias internacionales. La consulta se ha mitificado aislándosele de su contexto, de un contexto de libre determinación que se ejerce a través de la autonomía y de una participación a discreción, consecuentemente, también indígena. A estos efectos invito a repasarse artículo por artículo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que es derecho en Bolivia. Ahí está el contexto de la consulta como garantía, junto a la autonomía, de la totalidad de los derechos de los pueblos indígenas, todos ellos además fundamentados en el derecho a la libre determinación.
Y recuérdese lo dicho por la Constitución del Estado Plurinacional: “Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta”, ya no digamos sobre leyes y sobre políticas (art. 256.I). Se dice instrumentos por incluirse, no sólo convenios y tratados, sino también declaraciones. En este escenario normativo de orden internacional y constitucional, ¿qué valor de derecho puede restarte a la Ley 222 y a su convocatoria de consulta que comienza por no merecer el nombre? Resulta no sólo por su forma inconstitucional, sino también contraria por su fondo a derechos humanos, a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Ni lo uno ni lo otro en cambio aqueja a la Ley 180.
Respecto al caso, el Caso TIPNIS con mayúsculas porque en él se concentran contradicciones y conflictos del desarrollo constitucional en Bolivia, si se me pide una recomendación como en efecto se me ha solicitado durante estos días en más de un foro, con todas las reservas por no ser ni indígena ni ciudadano boliviano, daría la siguiente.
El problema no reside a mi entender en que la consulta sea en el caso innecesaria o ahora además extemporánea por irremisiblemente no previa, sino en que se le plantea en una situación de hechos consumados y presiones por consumar que la hacen imposible. Convendría retrotraer el estado de derecho a un momento de legitimidad que no puede ser otro que el de la Ley 180. Plantéese acto seguido, mediante la consulta que conduzca a acuerdo, una ley general de consulta. Y procédase entonces.
Bartolomé Clavero - Profesor de la Universidad de Sevilla - http://clavero.derechosindigenas.org - Grafico: periodistas-es.org
Bolivia, Aeropuerto de El Alto, 23 de abril de 2012.
Nota del Autor:
Elaboro este informe tras una nueva visita a Bolivia, entre el 17 y el 23 de abril, auspiciada por el Sistema Plurinacional de Comunicación Indígena Originario Campesino Intercultural que integran las organizaciones que formaron el Pacto de Unidad en el momento constituyente (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia), y por el CEFREC (Centro de Formación y Realización Cinematográfica), y durante la cual me han abierto también espacio CEADESC (Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales), la Carrera de Antropología y Arqueología de la Universidad Mayor de San Andrés, CNAMIB (Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia), MUSEF (Museo Nacional de Etnografía y Folklore), CEJIS (Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social), así como diversos media: ABI (Agencia Boliviana de Información), ERBOL (Educación Radiofónica de Bolivia), Bolivia TV-Canal 7, Patria Nueva, Cambio y La Palabra del Beni. Gracias a todas y todos. (Originalmente publicado en http://clavero.derechosindigenas.org donde puede además compulsarse la documentación pertinente)

La población de Cajamarca declara resistencia pacífica permanente hasta que Conga sea declarada inviable



Minería en Perú

Adital

Traducido para Adital por Daniel Barrantes

Después del anuncio realizado por el presidente peruano Ollanta Humala, a comienzos de la semana, informando que garantizaría la instalación del proyecto minero Conga en Cajamarca, más de 20 organizaciones, federaciones, sindicatos y parroquias se manifestaron por medio de una carta abierta repudiando esa decisión. Los activistas se declararon en resistencia pacífica permanente por la vida y la dignidad hasta que se garantice la inviabilidad del proyecto.

El día 31 de mayo las organizaciones pretenden realizar una jornada de movilizaciones pacíficas en todo el departamento de Cajamarca, que se prolongará hasta que el presidente escuche los reclamos populares sobre la inviabilidad de Conga.
En la carta abierta, las organizaciones dejan en claro que lejos de aceptar la propuesta de Ollanta de garantizar la cantidad, disponibilidad y calidad del agua para toda Cajamarca, lo que la población desea es el fin de la imposición de proyectos mineros en la región, y en lugar de ellos, la inversión en actividades sustentables como agricultura, pecuaria, piscicultura, turismo, reforestación y artesanías.
En el documento, piden que el presidente cumpla sus promesas de campaña y no dé continuidad a las políticas excluyentes, centralistas y depredadoras de los recursos naturales de la región. Piden, fundamentalmente, que Ollanta pare con la destrucción de las fuentes de recursos hídricos y recuerdan que la Yanacocha, empresa responsable del Proyecto Conga, ya destruyó innumerables ríos, manantiales y lagunas, como San José, Maqui Maqui, Totorococha Chica, Patos y Corazón, para citar sólo algunas.
Esta insistencia en imponer proyectos depredadores del medio ambiente, sin el consentimiento de la población local marcó los últimos 20 años de historia de Cajamarca con luchas y resistencia, postura que va a ser mantenida.
Una de las iniciativas que ya está en marcha es la vigilancia ciudadana realizada por las Rondas Campesinas y bautizada como ‘Guardianes de las Aguas’. La tarea es vigilar, de manera permanente, las lagunas para no dejar que empresas mineras puedan destruirlas.
Otro punto abordado en la carta fue el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Conga, aprobado en el gobierno de Alan García y que recientemente se realizó una pericia para analizar su viabilidad. Las organizaciones afirman saber la intención de la pericia.
"Usted, Señor Presidente, también conoce que el peritaje actual no se hizo para estudiar seriamente si el proyecto Minas Conga podía ser viable o inviable porque los términos de referencia puestos por el empresario minero Oscar Valdés, que es ahora su primer ministro no lo exigieron así, sino solo se pidió formular recomendaciones para mejorar las medidas de mitigación propuestas por la empresa minera en su cuestionado Estudio de Impacto Ambiental”, denuncian.
Las Rondas Campesinas, frentes de defensa, gremios sindicales y demás redes que firmaron la carta abierta enviada a Humala también rebaten las críticas de medios de comunicación que acusan a las organizaciones sociales de estar manipuladas y ser adversas a cualquier tipo de inversiones y actividades mineras. La verdad es que el reclamo no es por el fin de las actividades mineras, sino por el desarrollo sustentable de Cajamarca y la implantación de nuevas políticas de Estado que permitan que la minería sirva al desarrollo del país y no "que el país entero siga sirviendo a los intereses mezquinos de las poderosas empresas mineras”. 
La carta se despide reafirmando que la población no permitirá la repetición "de la historia ignominiosa del oro en Cajamarca”, pues ahora el pueblo tiene conciencia del destino de su historia y cree en la fuerza de la verdad y de la justicia que defienden. "No permitiremos que se quiera nuevamente avasallarnos. ¡Conga es inviable!”, terminan. 

Fuente:http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&lang=ES&cod=66502

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Carta abierta al presidente de la república del Perú para decir "NO al proyecto CONGA"

Esta campaña es lanzada por la Asociación Tierra y Libertad y del colectivo ALDEAH.
NO AL PROYECTO MINERO CONGA

La empresa minera Yanacocha cuyos proprietarios mayoritarios son NEWMONT MINNING y BUENAVENTURA  prevee con su proyecto minero CONGA la destrucción de 5 lagos de la zona alto-andina de CONGA a más de 3500 metros de altitud en el departamento de Cajamarca, Perú. Se pretende vaciar dos lagunas para extraer el oro y dos serán vaciadas para servir de reservorio de los relaves mineros. Esto va a afectar el ecosistema frágil de bofedales y de humedales que absorben el agua y alimentan las capas freáticas y son la fuente de decenas de rios que irrigan los ricos valles cajamarquinos. Cajamarca es el primer productor lechero del pais. Además, los relaves de mineral contaminarán las aguas volviendolas no aptas para el consumo humano y animal.
Yanacocha tiene ya un pasivo ambiental importante en la región de Cajamarca y el proyecto CONGA no hace más que amenazar aún más a la población. En 2000, mercurio fue derramado de un camión de la mina Yanacocha a lo largo de 40km, contaminando el pueblo de Choropampa : sus pobladores continúan  falleciendo de las consecuencias de la absorción del mineral.
El pueblo de Cajamarca se levantó en noviembre último contra el proyecto y la única respuesta del gobierno fue declarar el estado de emergencia negándose a escuchar la voz del pueblo y de sus representantes. No se habia visto desde hace 30 años ! Varios campesinos fueron heridos y uno de ellos quedará paralítico de por vida.
Bajo lla presión, el gobierno levantó el estado de emergencia pero pretende hacer pasar su proyecto llamando a un peritaje internacional por peritos extranjeros que deben hacer “viable” el proyecto.
Los gobiernos regionales y provinciales han emitodo ordenanzas declarando inviable el proyecto; pedimos el respeto de dichas ordenanzas por el gobierno de Ollanta Humala y de su primer ministro Valdez, su brazo fuerte. Reclamamos el proceso de zonificación ecológica y económica regional. Denunciamos la represión y la criminalización de la protesta social que pretende hacer callar las reclamaciones justas de nuestros pueblos y pedimos el fin de la persecución a nuestros dirigentes y defensores del medio ambiente que arriesgando sus vidas defienden nuestras aguas. Y esto a pesar de la gloriosa Marcha del Agua realizada del 1ro al 10 de febrero en dónde miles de peruanos manifestaron su rechazo al proyecto

EL AGUA ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DEL HOMBRE
La legislación actual del estado peruano no reconoce al agua potable y al tratamiento de esta como un derecho fundamental del hombre. El Congreso de la República debe de mofificar la Constitución en vista de permitir que el agua potable y su tratamiento sean reconocidos como un derecho fundamental como estipulado en la resolución de la ONU del 28 de julio del 2010 ue de permettre que l’eau potable et son assainissement soient reconnus comme un droit de l’homme fondamental comme stipulé par la résolution de l´ONU du 28 juillet 2010 y que el suministro del agua no sea privatizado.
PROHIBICIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA USANDO CIANURO Y MERCURIO
El cianuro es una de las sustancias tóxicas más peligrosas en el mundo y po resta razón numerosos paises han prohibido su uso o han reglamentado su uso. Sin embargo en el Perú, el cianuro es la primera substancia utilizada en el sector aurífero que se hace pasar por una industria « responsable ». Los crimenes ecológicos ligados al uso de cianuro y de mercurio en la actividad minera deben de cesar definitivamente !

***ENVIAR LA CARTA A ****

  • Palacio de Gobierno,Presidente del Perú: Ollanta Humala Tasso, Jr. de la Unión 264, Lima 1, Perú. Tel. 00.51.1. 311 4200, 00.51.1.311 3908. Asesora – Cecilia Israel.  

  •   Presidencia del Consejo de Ministros – PCM. Sr. Oscar Valdés Dancuart   

  • Ministro de Energía y Minas. Ministro: Jorge Humberto Merino Tafur   

  • Gerente General Yanacocha, Carlos Santa Cruz

Otro “talento” de la Barrick Gold: un empleado al Soñando por Cantar



EL PARTICIPANTE APROVECHARÁ PARA MOSTRAR "LAS BONDADES" DE LA MEGAMINERÍA


Luego de que los conflictos en pueblos como Famatina, Tinogasta y Andalgalá lograran profusa repercusión mediática, en febrero de este año se conoció que las grandes mineras se encontraban en la preparación de anuncios informativos por radio y televisión para concientizar a la población sobre las bondades de la megaminería en la Argentina. Tal es así, que un empleado de la empresa megaminera Barrick Gold, irá al “Soñando por Cantar” para explicar los beneficios de Pascua Lama, San Juan.
Si bien la presidenta Cristina Fernández ya les mostró todo su apoyo a esta actividad a los gobernadores que integran la flamante Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), firmando el Acuerdo Federal Minero, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), se dispuso a preparar diferentes campañas publicitarias destinadas a “esclarecer los mitos negativos” que rodean a la actividad y pregonar los “beneficios económicos” de la minería a gran escala. Tal vez parte de ello, sea la amplia difusión que Barrick Gold Argentina le está dando a la participación de un empleado de esa empresa en el conocido certamen Soñando Por Cantar.
“Nuestro compañero de Mantenimiento en Veladero, Víctor González, llegó al programa Soñando por Cantar de Canal 13 de Buenos Aires y quiere que lo acompañemos el viernes 27 de abril en el Estadio cerrado”, comienza el comunicado oficial en el sitio pascualamabarrick.com.
“Su sueño es tener una oportunidad para cantar y poder contarle al país cómo trabajamos y por qué hablamos de una minería responsable en Veladero y Lama”, aclara el texto.
“Los esperamos el viernes 27 en el Acceso 1 del estadio, ubicada en calle San luis, a las 18 horas. La compañía ha dispuesto que un par de promotoras entreguen en el lugar las entradas especiales y una seria de pancartas con marcadores para quienes vayan a acompañarlo”, invita la empresa.
“Es prioritario que vayamos con cascos para que la producción pueda identificarnos y filmarnos durante la transmisión que llegará a todo el país”, condiciona la compañía.
Víctor González, de 29 años, es uno de los sanjuaninos que pasó el casting para el programa de Marcelo Tinelli.
“’A penas me enteré del casting pensé en participar pero la fecha no coincidía con ninguno de los días en que me tocaba bajar’, cuenta Víctor que se desempeña en el área de mantenimiento mecánico del proyecto Veladero. Sin embargo él no perdió las esperanzas y con total determinación le planteó la situación a sus superiores”, indicó el diario Tiempo de San Juan.
“Yo les pedí permiso para que me dejarán bajar ese día del casting, les dije que podía verse bien que una empresa apoyara una iniciativa así y que a lo mejor a los de las producción les gustaba esto de que viniera de Veladero para cantar en el programa, así cómo representando a la empresa”, contó el empleado a ese medio.
La idea le gustó tanto a la Barrick, que no solo le dieron el permiso, sino que hasta le consiguieron la pista de la canción con la que iba a participar.
El proyecto Pascua Lama, involucra a Chile y la Argentina y consiste en la explotación de una mina a cielo abierto de la que se extraerá oro, plata, cobre y otros minerales.
Uno de los problemas que se presenta a ese respecto es el método de extracción, ya que se hará a través del uso de cianuro, lo cual abre grandes probabilidades de contaminación del agua de los glaciares muy próximos a la zona donde trabajará la Barrick. Según el diputado Miguel Bonasso, conocedor como pocos del tema, "se va a dejar un dique de agua lleno de cianuro y será un desastre ambiental".
A su vez, el Gobierno ha intentado tranquilizar a los ambientalistas asegurando que habrá un férreo control de lo que se haga. Sin embargo, un solo dato echa por tierra todo intento: la zona de Pascua Lama es una suerte de “tercer estado” al cual no tienen acceso ni la Argentina ni Chile. Lo que allí ocurra solo lo saben quienes llevan adelante el emprendimiento minero.
Tribuna de Periodistas pudo constatar que se está transportando esa sustancia desde el puerto de San Lorenzo, en Rosario, hacia la zona de Pascua Lama a través de camiones. Ello ocurre todos los meses y fue confirmado por fuentes de esa zona portuaria. “Usted por medio del ‘Caballo’ Suárez del SOMU puede obtener la data precisa de ingreso de los buques y data de los peones de la estiba del puerto”, advirtió uno de los informantes consultados. Este medio intentó contactarse con el gremio de Suárez pero no obtuvo respuesta.
Barrick Gold, fue fundada por el conocido traficante de armas saudita Adnan Kashoggi, socio de Monzer Al Kassar y que adquirió fama mundial en los ochenta a raíz del escándalo Irán-Contras. Uno de sus principales padrinos ha sido el ex presidente norteamericano George Bush (padre), petrolero y ex director de la CIA. Dicha información fue proporcionada por el hombre fuerte de la Barrick, Peter Munk, en su autobiografía.
Sin embargo, no sólo en la Argentina parecieran tejerse  negocios; por un pago oficial de 10 mil dólares, Bush padre le consiguió a  Barrick concesiones por diez mil millones de dólares en Estados Unidos.
En un informe revelado por la BBC, el periodista Greg Palast reveló que en 1995 cincuenta mineros fueron sepultados vivos en Tanzania por los bull dozers de la Barrick, con la complicidad de la policía local, que “reprimió” a los trabajadores rebeldes para asegurarles a la compañía y sus socios en el gobierno, un negocio lucrativo.
Freddy Espejo, un ex empleado de la empresa entrevistado por el ambientalista Javier Rodríguez Pardo, reveló que más de cincuenta trabajadores argentinos, pertenecientes a la Barrick murieron a causa de accidentes laborales atribuibles a la negligencia de la minera.

Foto y Texto: http://www.periodicotribuna.com.ar/