Perú: la tala corporativa arrasa con los bosques y sus poblaciones
WRM
El comercio de madera en la Amazonia es un negocio multimillonario, para algunos pocos. El Perú cuenta con casi el 60% de su territorio cubierto de bosques tropicales y es el noveno país con mayor extensión boscosa a nivel mundial. Según cifras oficiales, la tasa de deforestación anual es de alrededor de 110.000 hectáreas. Gran parte del problema se le adjudica a la llamada ‘tala ilegal’, es decir, a la extracción de madera fuera de las concesiones otorgadas para ese fin. La tala ilegal mueve alrededor de US$150 millones anualmente. Es una de las actividades ilícitas que más recurre al lavado de activos, al igual que el narcotráfico y la minería ilegal, según la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Pero, ¿qué pasa cuando la tala ilegal es de hecho facilitada por el marco legal de concesiones forestales?
La extracción de madera a gran escala, de por sí, acarrea una vasta destrucción ambiental y fragmentación social en los bosques tropicales a nivel mundial (ver artículo “El saqueo de los bosques” de este boletín). La tala industrial, legal o ilegal, degrada extensas áreas de bosques, y a su vez, ejerce violencia y amenazas sobre las poblaciones que dependen de éstos. Esa madera, que en su gran mayoría es extraída de forma ‘selectiva’, es la que termina en los principales mercados del mundo, como los de Estados Unidos, Europa y China. Sin embargo, hay temas claves que resaltar con la tala ilegal. Esta conlleva, además, la casi-extinción de especies altamente vulnerables y cuya tala está prohibida, como el cedro y la caoba, en territorios indígenas y áreas protegidas, así como la explotación, el trabajo forzoso y la subyugación de poblaciones indígenas, con total impunidad. Los territorios indígenas en su gran mayoría son la cuna de especies maderables con alto valor comercial, convirtiéndose por tanto en el blanco de la industria maderera.
Uno de los pilares de la política forestal en Perú desde el año 2000 fue la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N. 27308, cuyo objetivo principal, especificado en su artículo primero, era el de establecer un marco para el “uso sustentable y conservación de los recursos forestales”. Esta ley estableció el actual sistema de concesiones para la explotación forestal. Dicha ley fue posteriormente reforzada con la firma del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, que entró en vigor en 2009. El Tratado incluye un anexo que tiene entre sus objetivos el fomentar la madera proveniente del ‘Manejo Sostenible de los Bosques’. En julio de 2011, una nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre fue aprobada, pero aún no se ha adoptado debido al retraso en los reglamentos para su implementación. La nueva Ley, sin embargo, mantiene el mismo sistema de concesiones para la extracción de madera y las versiones borrador del reglamento anuncian la promoción de la inversión forestal con reglas claras para el ‘manejo sustentable’.
Los grandes conglomerados madereros en Perú orientados a la exportación dependen de entre 35% y 45% de fuentes de extracción no autorizadas, según una investigación de 2012 de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por su sigla en inglés). El estudio rastreó el traslado desde Perú de 112 embarques de madera ilegal de cedro y caoba, importados por empresas en los Estados Unidos. Setenta de los 112 embarques rastreados procedían de la sucursal peruana de la corporación Maderera Bozovich. De acuerdo a los registros de Instituto Nacional de Recursos Naturales, en el año 2006, Maderera Bozovich controló el 34 por ciento de las exportaciones de cedro, siendo Estados Unidos, México y Puerto Rico los países de destino en ese orden. Datos más actuales contenidos en el informe del EIA agrupan en un cuadro comparativo a las empresas que de 2008 al 2010 exportaron madera incumpliendo las normas legales. Aquí sobresale nuevamente Bozovich. Además, en el año 2005 fueron halladas tres guías forestales clonadas por 492 m3 de caoba aserrada, cuyo destinatario fue esta misma maderera.
Cada vez está más claro que, amén de reformas en las leyes, normas y tratados, las actividades de extracción de madera en la Amazonia – con o sin planes de manejo y con o sin la documentación legal – están lejos de ser ‘sustentables’ para con sus bosques y sus poblaciones. Un estudio publicado en la revista Scientific Reports demuestra, al analizar información oficial del gobierno, que el 68,3% de todas las concesiones supervisadas por las autoridades estaban bajo sospecha de haber cometido violaciones graves a la ley. La naturaleza de dichas violaciones indica que los permisos asociados con las concesiones legales están siendo utilizados para cortar árboles en áreas no autorizadas, amenazando así aún más extensiones de bosques tropicales, incluyendo territorios indígenas y áreas protegidas. Muchas de las violaciones, además, corresponden a la extracción ilegal de especies vulnerables, como el cedro y la caoba.
El talador que entra a las áreas ‘ilegales’, sin embargo, no es el problema. En Perú, el caso más grave de trabajo forzoso es con los pueblos indígenas de la Amazonia en la tala ilegal de la madera. Un número importante de madereros sigue utilizando el sistema de ‘habilitación-enganche’, el cual se basa en el anticipo de dinero o bienes a los trabajadores madereros con el objetivo de incorporarlos a las labores de extracción de la madera. Lamentablemente, el mencionado patrón de reclutamiento de trabajadores conduce a un sistema de peonaje o servidumbre por deudas. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo con una serie de entrevistas a dirigentes indígenas, religiosos, trabajadores, funcionarios de instituciones estatales y miembros de diversas ONGs locales, afirma que este sistema es “una de las peores formas de explotación y pérdida de libertad… Más aún, normalmente viene asociado al no pago de salarios, a la remuneración en especie, a la prostitución de mujeres en los campamentos madereros y a condiciones de trabajo verdaderamente infrahumanas”. La deuda pendiente puede ser usada para “[...] mantener a los nativos como peones por décadas o generaciones”.
Para empeorar la situación, el presidente Ollanta Humala lanzó en Julio de 2014 el llamado ‘paquetazo ambiental’, un conjunto de medidas bajo la Ley N. 30230. Este ‘paquetazo’ afecta directamente a los territorios indígenas. Entre otras cosas, permite que mediante procedimientos ‘especiales’, el Estado pueda entregar tierras a proyectos de inversión, en la ubicación y cantidad que estos requieran e ignorando los derechos de propiedad de sus propietarios legítimos. Es decir, se otorgarán una serie de licitaciones a favor de proyectos de gran envergadura, incluyendo a los monocultivos agroindustriales y forestales, la minería, y los hidrocarburos, entre otros.
Los territorios indígenas en la mira de los madereros
La extracción ‘selectiva’ de especies maderables de alto valor comercial se realiza, en su mayoría, dentro de territorios indígenas (usualmente los de las comunidades más tradicionales) o de áreas donde habitan pueblos indígenas en aislamiento voluntario o de contacto muy reciente. Esta invasión ha ocasionado nefastos impactos no solo al degradar los bosques de los que dependen estas poblaciones, sino también al conllevar violencia y subyugación. El pago a los madereros en la Amazonia por pie tablar es aproximadamente 2.660 veces menor al monto pagado por madera trabajada en los Estados Unidos. Así, algunas tiendas distinguidas en Estados Unidos, Inglaterra o China pueden vender pisos de madera ‘fina’. En la Amazonia peruana, las comunidades indígenas enfrentan violencia y amenazas por defender sus territorios de los madereros y de las mafias corporativas y gubernamentales que están por detrás.
La comunidad de Alto Tamaya – Saweto, ubicada en la selva baja de Ucayali, obtuvo en 2003 el reconocimiento oficial por parte del Estado peruano sobre la propiedad de sus tierras, sin embargo, todavía no ha podido obtener la titulación correspondiente. Por el contrario, el Estado otorgó dos concesiones forestales que se superponen al territorio de la comunidad y categorizó todo el territorio comunal como bosques de producción permanente, es decir, como bosques destinados a la producción maderera. En setiembre de 2014, cuatro dirigentes indígenas Asháninkas fueron asesinados por las mafias madereras. Esto sucedió a pesar de que en numerosas ocasiones los dirigentes habían denunciado ante las autoridades las amenazas que estaban recibiendo por proteger su territorio. Uno de los dirigentes, Edwin Chota, era un reconocido activista a nivel internacional contra la tala en los territorios indígenas. David Salisbury, profesor de la Universidad de Richmond, Estados Unidos, conoció a Edwin por más de diez años y venía asesorando a su comunidad en su lucha por obtener títulos. En una entrevista con la BBC, Salisbury aseguró que “todavía hay ahí una comunidad rodeada de madereros, hay gente con miedo que está prisionera en su comunidad porque los madereros están hablando por radio y dicen que quieren acabar con la comunidad fronteriza de una sola vez”.
El 23 de octubre de 2014, la comunidad indígena Shipibo de Korin Bari, ubicada cerca de Saweto, presentó una demanda judicial contra el Gobierno peruano por permitir que la vida de aquellos que resisten la invasión de sus tierras esté amenazada, debido a su fracaso en la titulación de los territorios indígenas. En 2011, las casas de la comunidad fueron arrasadas por operadores madereros que construían un camino ilegal a través de su territorio para acceder a las especies maderables de alto valor comercial. El caso de Saweto y Korin Bari no son casos aislados. Al menos 594 comunidades de la Amazonia peruana se encuentran sin titulación, lo que significa aproximadamente 20 millones de hectáreas de bosques.
Otra modalidad utilizada por los madereros para intervenir en los territorios indígenas es el de hacerse cargo del proceso de titulación de una comunidad a cambio de la riqueza de sus bosques. Al ayudar con los trámites de titulación, los madereros se apoderan de los permisos de aprovechamiento forestal otorgado a las comunidades en zonas donde no hay concesiones. Un artículo periodístico local denunció en Mayo de 2014 el caso de la comunidad de Nueva Esperanza, ubicada en la llamada ‘Triple Frontera’ (Perú, Brasil y Colombia). Después de numerosas intervenciones extractivas, Nueva Esperanza inició el proceso para su titulación en 2009, solicitando un área de 204.493 hectáreas. La gestión estuvo a cargo de un empresario maderero vecino de la comunidad. En este punto estratégico de la ‘Triple Frontera’ hay 8 aserraderos con maquinaria de última generación que compran madera para la exportación. Luego de la titulación, se le aprobó casi de inmediato a Nueva Esperanza, o mejor dicho al empresario maderero, su Plan General de Manejo Forestal y su Plan de Operación Anual que le autoriza extraer 2.345 árboles de 22 diferentes especies forestales. De ellos, 178 son árboles de cedro. ¿Cuánta madera estará realmente saliendo de esa zona? No se sabe. Lo que sí, los indígenas están endeudados hasta el cuello porque tienen que pagar por la titulación de su comunidad y por productos, tales como motores, motosierras o baterías, que el maderero les vende a precios altísimos para ser pagados con madera.
Más allá de los debates sobre si la madera extraída es legal o ilegal, lo cierto es que el sistema económico global estimula a las industrias madereras a intervenir en cualquier territorio que cuente con las especies maderables que sean rentables para sus bolsillos. Al ser un negocio multimillonario, fuertes poderes privados y públicos buscan sacarle ganancias. Esto implica que, por vías legales o no y bajo planes de manejo ‘sustentables’ o no, los bosques de la Amazonia –incluyendo a los territorios indígenas, a las reservas destinadas para los indígenas en aislamiento voluntario y a las áreas naturales protegidas – están siendo aún más violentados. Son las grandes corporaciones las que manejan una red de extracción que busca satisfacer su acumulación de capital al vender –bajo sellos verdes y ‘sustentables’- la destrucción y devastación de los bosques en los mercados internacionales.
Incluido en Boletín 207
