viernes, 3 de febrero de 2017

Argentina: Críticas por proyecto del gobierno nacional para incentivar la minería a gran escala

El Gobierno nacional tiene una idea firme: atraer inversores aumentando los beneficios a las empresas y llamar a un nuevo Acuerdo Federal Minero. Asambleístas aseguran que la idea nacional afectaría el cumplimiento de la ley 7722 que pone límites a la actividad minera a gran escala en la provincia de Mendoza. Desde el gobierno local afirman que no sucederá.
 
Fuente: Unidiversidad


El proyecto aún tiene que pasar por el Congreso e implicará la homogeneización de las legislaciones provinciales y la Ley Nacional de Energía Minera. El Ejecutivo presentó de esta manera el proyecto, pero las organizaciones ambientalistas afirman que esto es un paso más hacia la desregulación minera y temen que tenga implicancias en la Ley 7722.
Julieta Lavarello, integrante de la organización Asamblea Popular por el Agua, explicó a Unidiversidad que la iniciativa busca que las empresas se enriquezcan “aún más” y que el Nuevo Acuerdo va contra los principios federales de la nación. En este caso, recordó que cada provincia tiene diferentes legislaciones en materia minera, y el caso más emblemático es la Ley 9526 de la provincia de Córdoba, que prohíbe la actividad a cielo abierto y la utilización de cualquier sustancia para su desarrollo.
En Mendoza tiene vigencia la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en los proyectos mineros. Lavarello esgrimió que la iniciativa nacional será el correlato de lo que fue la Mesa de Diálogo Minero que, según su opinión, buscó modificar o derogar esta ley, ratificada por la Suprema Corte de Justicia a finales de 2015. “La mesa de Diálogo fue un circo para modificar la ley”, recriminó Lavarello.
Ante esto, aseguró que las organizaciones ambientalistas no permitirán que se toque un sólo punto de la normativa. La abogada entiende que la propuesta del Ejecutivo Nacional busca “que todo el país se parezca a San Juan”: en esa provincia se produjeron tres derrames en la minera Barrick entre 2015 y 2016 y parte del material de uno de ellos llegó a las aguas del río.
La respuesta del funcionario
Apenas se conoció la iniciativa, el secretario de Energía Emilio Guiñazú explicó que se busca mejorar y unificar los estándares en temas ambientales; que no afectará la legislación provincial y que tampoco se modificará la 7722. Para el funcionario, el proyecto otorgará total libertad a las provincias para que determinen qué tipo de minería quieren desarrollar, cómo y cuándo deben hacerla.
El secretario explicó que el Acuerdo Minero prevé la modificación del cálculo del valor “boca mina” (el mineral extraído previo a cualquier proceso de transformación) al precio del mineral vendido, lo que se traduce en un incremento del 100 % en el monto que reciben las provincias por explotación, de acuerdo a lo que publicó la página de prensa de Mendoza.
Según la nota que publicó el diario La Nación, el objetivo del Ejecutivo nacional es alcanzar en los próximos ocho años inversiones por USD 25 mil millones. Además, buscan aumentar la cantidad de empleos a 130 mil en 2021, según estimaciones de La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).
El ministro de Economía, Energía e Infraestructura, Enrique Vaquié, y el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú. Foto: archivo prensa de Gobierno de Mendoza.
La mesa de debate minero
En el trasfondo del anuncio están las conclusiones del Espacio de Diálogo Minero que impulsó el ministro de Energía, Economía e Infraestructura, Enrique Vaquié, en 2016. En los principios estipularon las áreas protegidas de la provincia, entre las que se encuentran El Valle de Uco y la cordillera Central.
En los encuentros, que se realizaron entre agosto y octubre, se analizó la posibilidad de avanzar en la minería en Malargüe, un departamento que se declaró prominero y que el Gobierno entiende que es una zona que se debe potenciar; en concreto, se discutió la siempre presente extracción de cloruro de potasio en ese departamento. Se trata de emprendimiento Potasio río Colorado, que limita con la provincia de Neuquén. El proyecto minero fue adquirido por la empresa Vale en 2009, pero se suspendió la actividad en 2013. En 2016, ya en la gestión Cornejo, se activó la posibilidad de reimpulsar el proyecto.
Al mismo tiempo el departamento sureño tiene dos proyectos que pueden sucitar el interés de los empesarios mineros: Hierro Indio y Cerro Amarillo. En los dos casos se enviaron iniciativas legislativas para avanzar en los estudios de impacto ambiental de acuerdo a lo que establece la 7722. La zona tiene una gran cantidad de oro, uranio y cobre, y es un anhelo y una necesidad del Gobierno provincial avanzar en esos proyectos sin afectar la normativa, dada la cantidad de regalías que la provincia puede recibir.
"La minería es una mentira"
Lavarello consideró que la minería es una “mentira del modelo extractivista” que impidió el crecimiento económico y aumentó la desocupación. Para validar su tesis, argumentó que la minera Veladero empleó sólo 30 personas del total de la población de Jáchal (20 mil) y en Catamarca después de 17 años la cantidad de empleados no supera los 500.
En este sentido, señaló que a la mayoría de los trabajadores los contratan en la primera etapa de la extracción para el armado de las estructuras y luego los despiden. “La gente trabaja sin preparación física y técnica y, si a eso se le suma que están a 4500 metros de altura, no es un trabajo real, digno. Salen de trabajar con EPOC, problemas renales y pulmonares”, sentenció.
El recorrido de la 7722
El conflicto por el uso del agua para la actividad minera empezó en 2005, cuando vecinos autoconvocados cortaron las calles de San Carlos. En 2007 se sancionó la ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en los proyectos mineros metalíferos y pide que las declaraciones de impacto ambiental pasen por la Legislatura.
Luego de la sanción se presentaron 12 pedidos de inconstitucionalidad. La decisión recayó en la Sala II de la Suprema Corte de Justicia, que en diciembre de 2015 declaró la constitucionalidad de la ley y acabó con un reclamo de 10 años de antigüedad.