Por la defensa de los derechos humanos y la democracia en América Latina
El viernes 8 de diciembre la periodista y Directora Ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información –ALAI, Sally Burch, fue deportada por el gobierno de Mauricio Macri cuando llegaba a Argentina para realizar actividades informativas en el marco de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio OMC, que tendrá lugar en Buenos Aires del 10 al 14 de diciembre. Horas antes fue deportado también el ciudadano noruego Petter Tiltand que participaría de las mismas actividades. Sally, junto con otros 60 investigadores, activistas y periodistas, fue impedida de participar de la reunión oficial de la OMC, a pesar de que su participación había sido anteriormente acreditada por este organismo.
Consejo Directivo ALAI
Toda indica que a nuestra colega Sally Burch se le negó la entrada al país por las opiniones y criterios que ha expresado en su trabajo periodístico. Desde hace casi tres décadas, se ha especializado en temas de Internet y derechos ciudadanos, por lo cual incluso fue designada co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Contenidos y Temas de Sociedad Civil en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de la ONU (Ginebra 2003).
Hace dos meses, participó en la coordinación de un encuentro regional en Quito, en el marco del Foro Social de Internet, donde se analizó el impacto de la concentración monopólica en este ámbito y se emitió, en particular, críticas a la propuesta de abrir negociaciones en la OMC sobre el comercio electrónico, propuesta que cuenta con el respaldo del gobierno argentino. Resulta muy grave que un gobierno niegue el ingreso a su país sobre la base de opiniones. Y más grave aún que la OMC acepte que un gobierno anfitrión imponga su criterio particular de esta manera.
Estos actos de extrema hostilidad del gobierno argentino no son hechos aislados sino parte de una creciente campaña de violencia y represión a representantes de la sociedad civil, academia y movimientos populares en ejercicio de su legítimo derecho a manifestarse públicamente en América Latina.
Hace algunos meses el Rector de la Universidad Federal de Santa Catarina fue acosado y perseguido hasta el suicidio por el Poder Judicial y Ministerio Público de Brasil. Más recientemente, la Universidad Federal de Minas Gerais tuvo su campus invadido por la Policía Federal para conducir coercitivamente al Rector y dirigentes administrativos de esa universidad. Prisiones preventivas sin ninguna base legal, operaciones policiales bajo regímenes de excepción, violación de la autonomía universitaria, producen y reproducen un creciente clima de persecución y terror en la academia y los espacios de representación de la sociedad brasileña.
La represión a los profesores, maestros y ciudadanos argentinos en los actos de protesta frente a las políticas económicas del gobierno Macri y a la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, la prisión arbitraria de Milagro Sala, son apenas algunos ejemplos de que no estamos frente a exabruptos o políticas locales sino en una coyuntura regional mucho más compleja donde se instala la impunidad y la violación de derechos humanos como política generalizada en un contexto evidente de irrespeto a acuerdos y legislación internacionales.
El uso de los sistemas judiciales y legislativos como instrumentos directos de persecución política y criminalización son prácticas cada vez más generalizadas e impuestas por los gobiernos de derecha en la región. La imposición legislativa de un estado de excepción en México y el inminente golpe de estado en Honduras son parte de una cadena creciente de autoritarismo e impunidad en toda América Latina.
En este contexto, el ejercicio periodismo libre, la democratización de la comunicación, tanto en la producción de la información como en su distribución, la producción de conocimiento que desmitifica el discurso neoliberal, son amenazas extremadamente peligrosas para los proyectos neoliberales, en la medida en que visibilizan lo que los monopolios mediáticos esconden y tergiversan.
Sally Burch, actualmente Directora Ejecutiva de la Agencia Latino Americana de Información-ALAI, forma parte de este proyecto desde su nacimiento hace 40 años en Montreal (Canadá), cuando un grupo de periodistas latinoamericanos asume el desafío de informar frente al vacío y desinformación sobre América Latina. A lo largo de estas cuatro décadas, ALAI profundizó su compromiso y trabajó intensamente por democratizar la comunicación como uno de los pilares para la construcción de una democracia con real participación de los actores sociales y movimientos populares que estuvieron históricamente excluidos de este proceso.
La deportación de Sally representa un acto extremo de hostilidad personal pero también, y fundamentalmente, un atentado al periodismo comprometido con la democracia y los derechos humanos.
El Comité Directivo de ALAI manifiesta su repudio a esta actitud del gobierno de Mauricio Macri y junto con intelectuales, líderes sociales, artistas y académicos expresa su firme compromiso de seguir trabajando por la democracia y el respeto a los derechos sociales, políticos y humanos en América Latina.
Comité Directivo de ALAI, 9 de Diciembre de 2017
Monica Bruckmann, Presidenta
Ana Esther Ceceña, Vicepresidenta
Irene León, Oscar Ugarteche, Vocales
Para expresar adhesiones a esta carta:
https://www.integracion-lac.info/es/node/40666
URL de este artículo: ALAI https://www.alainet.org/es/articulo/189742 - Imagen: Eldiario.es--------------------
Sally Burch tras ser impedida de entrar a Argentina: “Para el gobierno, una agenda de derechos humanos es disruptiva”
Consejo Directivo ALAI
Toda indica que a nuestra colega Sally Burch se le negó la entrada al país por las opiniones y criterios que ha expresado en su trabajo periodístico. Desde hace casi tres décadas, se ha especializado en temas de Internet y derechos ciudadanos, por lo cual incluso fue designada co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Contenidos y Temas de Sociedad Civil en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de la ONU (Ginebra 2003).
Hace dos meses, participó en la coordinación de un encuentro regional en Quito, en el marco del Foro Social de Internet, donde se analizó el impacto de la concentración monopólica en este ámbito y se emitió, en particular, críticas a la propuesta de abrir negociaciones en la OMC sobre el comercio electrónico, propuesta que cuenta con el respaldo del gobierno argentino. Resulta muy grave que un gobierno niegue el ingreso a su país sobre la base de opiniones. Y más grave aún que la OMC acepte que un gobierno anfitrión imponga su criterio particular de esta manera.
Estos actos de extrema hostilidad del gobierno argentino no son hechos aislados sino parte de una creciente campaña de violencia y represión a representantes de la sociedad civil, academia y movimientos populares en ejercicio de su legítimo derecho a manifestarse públicamente en América Latina.
Hace algunos meses el Rector de la Universidad Federal de Santa Catarina fue acosado y perseguido hasta el suicidio por el Poder Judicial y Ministerio Público de Brasil. Más recientemente, la Universidad Federal de Minas Gerais tuvo su campus invadido por la Policía Federal para conducir coercitivamente al Rector y dirigentes administrativos de esa universidad. Prisiones preventivas sin ninguna base legal, operaciones policiales bajo regímenes de excepción, violación de la autonomía universitaria, producen y reproducen un creciente clima de persecución y terror en la academia y los espacios de representación de la sociedad brasileña.
La represión a los profesores, maestros y ciudadanos argentinos en los actos de protesta frente a las políticas económicas del gobierno Macri y a la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, la prisión arbitraria de Milagro Sala, son apenas algunos ejemplos de que no estamos frente a exabruptos o políticas locales sino en una coyuntura regional mucho más compleja donde se instala la impunidad y la violación de derechos humanos como política generalizada en un contexto evidente de irrespeto a acuerdos y legislación internacionales.
El uso de los sistemas judiciales y legislativos como instrumentos directos de persecución política y criminalización son prácticas cada vez más generalizadas e impuestas por los gobiernos de derecha en la región. La imposición legislativa de un estado de excepción en México y el inminente golpe de estado en Honduras son parte de una cadena creciente de autoritarismo e impunidad en toda América Latina.
En este contexto, el ejercicio periodismo libre, la democratización de la comunicación, tanto en la producción de la información como en su distribución, la producción de conocimiento que desmitifica el discurso neoliberal, son amenazas extremadamente peligrosas para los proyectos neoliberales, en la medida en que visibilizan lo que los monopolios mediáticos esconden y tergiversan.
Sally Burch, actualmente Directora Ejecutiva de la Agencia Latino Americana de Información-ALAI, forma parte de este proyecto desde su nacimiento hace 40 años en Montreal (Canadá), cuando un grupo de periodistas latinoamericanos asume el desafío de informar frente al vacío y desinformación sobre América Latina. A lo largo de estas cuatro décadas, ALAI profundizó su compromiso y trabajó intensamente por democratizar la comunicación como uno de los pilares para la construcción de una democracia con real participación de los actores sociales y movimientos populares que estuvieron históricamente excluidos de este proceso.
La deportación de Sally representa un acto extremo de hostilidad personal pero también, y fundamentalmente, un atentado al periodismo comprometido con la democracia y los derechos humanos.
El Comité Directivo de ALAI manifiesta su repudio a esta actitud del gobierno de Mauricio Macri y junto con intelectuales, líderes sociales, artistas y académicos expresa su firme compromiso de seguir trabajando por la democracia y el respeto a los derechos sociales, políticos y humanos en América Latina.
Comité Directivo de ALAI, 9 de Diciembre de 2017
Monica Bruckmann, Presidenta
Ana Esther Ceceña, Vicepresidenta
Irene León, Oscar Ugarteche, Vocales
Para expresar adhesiones a esta carta:
https://www.integracion-lac.info/es/node/40666
URL de este artículo: ALAI https://www.alainet.org/es/articulo/189742 - Imagen: Eldiario.es--------------------
Sally Burch tras ser impedida de entrar a Argentina: “Para el gobierno, una agenda de derechos humanos es disruptiva”
Comunicadora dijo que acción "es coherente con lo que ha estado haciendo (Macri) al interior del país". La periodista dice haber vuelto a Ecuador -donde reside- con una sensación de "indignación", y advierte en América Latina una tendencia de desconocimiento de derechos básicos. "Creo que es el regreso de una política neoliberal con fuerza, pero sin ninguna propuesta nueva", señaló.
Con una sensación de “indignación” volvió a Ecuador -donde reside- la periodista británica Sally Burch, tras ser impedida de entrar a Argentina para participar de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio, que tendrá lugar entre este domingo y el miércoles.
Burch, de 68 años, participó en 1977 en la fundación de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), instancia creada con el fin de doblegar el bloqueo informativo impuesto entonces por las dictaduras militares de la región. Posteriormente, en 2003, coordinó el comité de Contenidos y Temas de Sociedad Civil de la cumbre mundial de la Sociedad de la Información. Además, ha expuesto en decenas de encuentros internacionales, varios de ellos organizados por las Naciones Unidas.
Entrevistada por el portal argentino Letra P, ya instalada nuevamente en Quito, Burch manifestó sentir “una sensación de indignación porque, en un espacio multilateral de Naciones Unidas, normalmente está reconocida la participación de la sociedad civil y el trabajo de prensa. El hecho de que la Argentina haya rechazado a más de 60 personas inscritas y aceptadas por la OMC es indignante, no hay antecedentes”.
Consultada sobre las razones que, según ella, llevaron al gobierno de Mauricio Macri a adoptar esta postura, la periodista expresó que “la primera justificación que dio la Cancillería argentina era que habían analizado que las organizaciones rechazadas eran disruptivas y no constructivas en el marco de trabajo de la OMC, cosa que es totalmente falsa. Para el gobierno argentino, una agenda de defensa ciudadana, derechos humanos y derechos de países en desarrollo es disruptiva”.
Burch añadió que “el mío es básicamente un trabajo de comunicación sobre seguimiento del comercio electrónico. Una de las cosas que salió de la cumbre de la Sociedad de la Información de 2003 es que las políticas de Internet deben ser tratadas en espacios multisectoriales, con todas las partes interesadas. Las instancias de gobierno de Internet deben contar con la voz de usuarios, sociedad civil, gobierno y empresas. La OMC se plantea negociar el comercio electrónico de modo no multisectorial. Es uno de los espacios de Naciones Unidas donde la sociedad civil tiene menos posibilidad de incidir”.
La comunicadora agrega que “en particular, he escrito mucho sobre derecho de Internet y alerté que abrir negociaciones sobre el comercio electrónico es muy peligroso para nuestros países. Son las propuestas de las grandes trasnacionales, pero Argentina está en la misma línea, parece”.
Sobre la reacción de la Organización Mundial de Comercio ante las restricciones de ingreso, Burch cuenta que “lo único que comunicó la OMC es que estaba en desacuerdo (con los rechazos). Hubo voces de protesta en la OMC pero, a mi modo de ver, no lo suficientemente fuertes”.
Sin embargo, a pesar de la “anormalidad” de la situación, la periodista expresó que la acción “es coherente con lo que ha estado haciendo (Macri) al interior del país. Justo me llegó hace dos días una denuncia de que el consejo consultivo de la sociedad civil en la Cancillería estaría siendo anulado. Se suma lo que pasó con el Consejo Federal de Comunicación (creado por la ley audiovisual, virtualmente derogada). Lo grave es que esa política la implemente en un espacio multilateral, cuando el país sede lo que tiene que hacer es garantizar las condiciones para realizar el encuentro”.
Desconocimiento de derechos básicos: una tendencia en América Latina
Como residente de Ecuador, Sally Burch no ha permanecido ajena a los recientes sucesos en el continente latinoamericano. Al respecto, la profesional advierte una tendencia “en América Latina, no sólo en la Argentina, de desconocimiento de derechos básicos. También en Brasil y Paraguay. Creo que es el regreso de una política neoliberal con fuerza, pero sin ninguna propuesta nueva, y que ve como disruptivos los intentos ciudadanos de garantizar derechos básicos, justicia social y comunicación”.
Para Burch, la respuesta de las organizaciones civiles en este contexto debe ser, principalmente, “fortalecer una perspectiva ciudadana de los pueblos, para contrarrestar y hacer contrapeso a esos grandes medios vinculados al poder económico. La comunicación es uno de los mecanismos por los que este proyecto neoliberal se va imponiendo. Es importante poder tener otras fuentes”.
Burch, de 68 años, participó en 1977 en la fundación de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), instancia creada con el fin de doblegar el bloqueo informativo impuesto entonces por las dictaduras militares de la región. Posteriormente, en 2003, coordinó el comité de Contenidos y Temas de Sociedad Civil de la cumbre mundial de la Sociedad de la Información. Además, ha expuesto en decenas de encuentros internacionales, varios de ellos organizados por las Naciones Unidas.
Entrevistada por el portal argentino Letra P, ya instalada nuevamente en Quito, Burch manifestó sentir “una sensación de indignación porque, en un espacio multilateral de Naciones Unidas, normalmente está reconocida la participación de la sociedad civil y el trabajo de prensa. El hecho de que la Argentina haya rechazado a más de 60 personas inscritas y aceptadas por la OMC es indignante, no hay antecedentes”.
Consultada sobre las razones que, según ella, llevaron al gobierno de Mauricio Macri a adoptar esta postura, la periodista expresó que “la primera justificación que dio la Cancillería argentina era que habían analizado que las organizaciones rechazadas eran disruptivas y no constructivas en el marco de trabajo de la OMC, cosa que es totalmente falsa. Para el gobierno argentino, una agenda de defensa ciudadana, derechos humanos y derechos de países en desarrollo es disruptiva”.
Burch añadió que “el mío es básicamente un trabajo de comunicación sobre seguimiento del comercio electrónico. Una de las cosas que salió de la cumbre de la Sociedad de la Información de 2003 es que las políticas de Internet deben ser tratadas en espacios multisectoriales, con todas las partes interesadas. Las instancias de gobierno de Internet deben contar con la voz de usuarios, sociedad civil, gobierno y empresas. La OMC se plantea negociar el comercio electrónico de modo no multisectorial. Es uno de los espacios de Naciones Unidas donde la sociedad civil tiene menos posibilidad de incidir”.
La comunicadora agrega que “en particular, he escrito mucho sobre derecho de Internet y alerté que abrir negociaciones sobre el comercio electrónico es muy peligroso para nuestros países. Son las propuestas de las grandes trasnacionales, pero Argentina está en la misma línea, parece”.
Sobre la reacción de la Organización Mundial de Comercio ante las restricciones de ingreso, Burch cuenta que “lo único que comunicó la OMC es que estaba en desacuerdo (con los rechazos). Hubo voces de protesta en la OMC pero, a mi modo de ver, no lo suficientemente fuertes”.
Sin embargo, a pesar de la “anormalidad” de la situación, la periodista expresó que la acción “es coherente con lo que ha estado haciendo (Macri) al interior del país. Justo me llegó hace dos días una denuncia de que el consejo consultivo de la sociedad civil en la Cancillería estaría siendo anulado. Se suma lo que pasó con el Consejo Federal de Comunicación (creado por la ley audiovisual, virtualmente derogada). Lo grave es que esa política la implemente en un espacio multilateral, cuando el país sede lo que tiene que hacer es garantizar las condiciones para realizar el encuentro”.
Desconocimiento de derechos básicos: una tendencia en América Latina
Como residente de Ecuador, Sally Burch no ha permanecido ajena a los recientes sucesos en el continente latinoamericano. Al respecto, la profesional advierte una tendencia “en América Latina, no sólo en la Argentina, de desconocimiento de derechos básicos. También en Brasil y Paraguay. Creo que es el regreso de una política neoliberal con fuerza, pero sin ninguna propuesta nueva, y que ve como disruptivos los intentos ciudadanos de garantizar derechos básicos, justicia social y comunicación”.
Para Burch, la respuesta de las organizaciones civiles en este contexto debe ser, principalmente, “fortalecer una perspectiva ciudadana de los pueblos, para contrarrestar y hacer contrapeso a esos grandes medios vinculados al poder económico. La comunicación es uno de los mecanismos por los que este proyecto neoliberal se va imponiendo. Es importante poder tener otras fuentes”.
Fuente: Letra P
